La Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, destacaron la aprobación, en último debate del Senado, del proyecto de ley por medio de la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las comisarías de familia.
Con la iniciativa se fortalecen acciones para prevenir y atender la violencia de género en el contexto familiar.
Las funcionarias agradecieron el liderazgo del Ministerio de Justicia para promover el proyecto, y señalaron que la aprobación es un avance como sociedad y un paso más por lograr el reconocimiento de la mujer y salvaguardar sus derechos, libertades y dignidad.
La Vicepresidenta subrayó que una institucionalidad más robusta permite que las víctimas de estas violencias confíen en que van a ser protegidas y en que los agresores serán sancionados.
“Estamos derrotando –con políticas de Estado-, los atisbos de machismo, la violencia y el miedo que aún persisten entre las mujeres colombianas, en todos los escenarios sociales, a través del fortalecimiento de las comisarías como puerta de entrada a la justicia en todos los municipios del país”, señaló.
Por su parte, la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, resaltó “la aprobación de este proyecto de ley que le pone un doliente nacional a las comisarías en cabeza del Ministerio de Justicia como ente rector, crea un sistema de información que permitirá hacer un seguimiento efectivo a las medidas de protección dictadas a favor de las mujeres violentadas, y le dará la importancia que merecen las comisarías en la administración municipal. Así es como avanzamos en nuestra política de equidad para las mujeres”, dijo.
Cabe señalar que la ley fortalecerá las comisarías de familia en aspectos como mejoramiento en infraestructura, nuevas fuentes de financiación, creación de un equipo interdisciplinario para una atención integral y en las condiciones laborales.
Ambas funcionarias destacaron este proyecto como un ejemplo de trabajo interinstitucional desde 2018, liderado por el Ministerio de Justicia y con el acompañamiento de la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de Salud, el ICBF, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
