Mientras Perú sigue sin definir presidente, luego de la segunda vuelta de las elecciones del pasado 6 de junio, la justicia se prepara para procesar a la candidata Keiko Fujimori. Un eventual triunfo de la aspirante de la derecha peruana le evitaría pasar tras las rejas los próximos años.
Este lunes, a partir de las 15:00 (hora local), iniciará la audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva en su contra hecho por el fiscal José Domingo Pérez, por presuntamente haber violado las restricciones impuestas durante una investigación por corrupción.
El fiscal pide hasta 30 años de cárcel contra Fujimori, por supuesto lavado de activos por los aportes que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht y de varios empresarios para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Las prohibiciones que habría violado
Como primera medida, Pérez solicita que a la acusada se le revoque la excarcelación que se le otorgó en el año 2020. Hasta entonces, la líder de derecha estaba en prisión preventiva mientras era investigada por el caso mencionado.
El fiscal pide que a la candidata “se (le) dicte nuevamente prisión preventiva”, debido a que supuestamente infringió reglas que le impusieron para poder quedar en libertad. Una de esas normas era que no podía comunicarse con testigos vinculados al caso y eso es justamente lo que Pérez asegura que Fujimori infringió.
En concreto, el fiscal se refiere al abogado Miguel Torres, a quien Fujimori presentó recientemente en una rueda de prensa como vocero político de su partido, en medio de la revuelta por las acusaciones de presunto fraude electoral en los comicios que disputó frente a Pedro Castillo.
Según el fiscal, Torres es testigo en el caso por corrupción y declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.
El pasado 11 de junio, antes de confirmarse la audiencia de este lunes, pero cuando se supo del pedido del fiscal, Keiko Fujimori calificó la solicitud de “absurda”. Ella sostiene que la participación de Miguel Torres en su campaña data desde varios meses antes y que, por ende, no puede considerarse como una violación a las reglas.
Además, consideró que con este pedido el fiscal busca distraer la atención y «seguir siendo protagonista de esta campaña electoral».
El domingo 20 de junio, la defensa de la líder de Fuerza Popular solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto.
En una carta enviada al juez Santos Benites del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, su abogada Giulliana Loza indicó que, pese a las restricciones por la pandemia del Covid-19 es necesario que Fujimori pueda defenderse, de lo que consideró “un pedido arbitrario”.
