Por: Óscar Prada/ El ternado de palabras que encabezan esta entrega, evocan paradójicamente emociones disonantes, con respecto al ambiente crítico vociferado al unísono del colectivo colombiano.
Para expertos académicos, como el diplomático, militar y profesor titular de la Universidad del Rosario, el doctor Julio Paredes Londoño, la llamada “primera línea”, es una expresión más radical de los Comités de Defensa de la Revolución (CRD) de Cuba, que tenían la tarea de adoctrinar y reprimir violentamente a los opositores[1]. Sin embargo, y sin la intención de desvirtuar los desmanes y actos vandálicos altamente lesivos para la población civil, la mención que hace el académico Paredes de desvirtuar el informe realizado por la CIDH en donde enfatiza en el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección- todas las anteriores por parte del Estado-; es a todas luces una visión parcial de la problemática nacional de amplio espectro.
El enfoque del mencionado y reconocido académico, evoca de manera fidedigna la supremacía de la Constitución Política de Colombia del año 1886 y endosa secundariamente el nuevo pacto social de 1991. Para el ex canciller Paredes la autoridad del Estado es primicia frente al bien común de sus asociados; es decir anexa la Constitución Política de 1991 a manera de apéndice de su antecesora-C.P.C. de 1886- y deja las actuales premisas constitucionales vigentes en las últimas líneas del férreo pasado autoritario de aquella Constitución conservadora promulgada por Rafael Núñez, que lidera claramente el presente de la nación.
Consecuentemente, salta a la vista los desmanes ocurridos en las manifestaciones que conllevan de manera incoherente al detrimento del erario público perteneciente a la colectividad, a la violación de los derechos fundamentales de las personas y los lamentables actos vandálicos; lo cual disgrega la legitimidad romántica que sustenta la protesta social; sin embargo, el 89% de las 12.242 jornadas de protesta registradas por la CIDH, no se registraron hechos violentos.
En plena crisis de los treinta, la cumpleañera constitución colombiana, se debate en una diáspora política de gran envergadura; aun así, y con todo el cambio que derivó con respecto a su antecesora y muy a pesar de estar vigente durante una treintena de años; no ha logrado marcar una primera línea fija y clara en la defensa diametral y contundente de las libertades de la persona humana garantizando el respeto por los derechos fundamentales; por el contrario, su trasegar durante las primeras tres décadas de su existencia en la consolidación de las libertades colectivas e individuales se asemeja más bien a un conjunto de remiendos horadados por el desgaste que dejan entrever la crisis social que sin éxito ha intentado menguar.
De forma adversa e incoherente, mientras el gobierno nacional guarda con recelo en su gaveta de plomo los principales lineamientos constitucionales que pregonan la unidad nacional y un orden político, económico y social justo, salen lanza en ristre, descalificando el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pero de forma ilógica y consecutiva apoyando férreamente los focos de protestas de los países vecinos, asegurando la legitimidad soberana del querer del pueblo.
De lo anterior, el proyectar los defectos propios imprimiéndolos a los demás, se resume en la coloquial frase de: “el que las hace, las imagina”-descrita en detalle en columna previa[2]-. Al igual los partidos tradicionales usan la jugada maestra de invocar el comunismo ateo, como el reivindicador de su propia existencia. Es sumamente nocivo y perjudicial, fundar los ideales y consignas políticas en la aversión del contrario; necesariamente lo sustentado sobre el aborrecimiento del contrario derivara inevitablemente en conflictos sociales, lo que materializa la división y disuelve la unión nacional.
Los titulares vergonzantes de las primeras líneas de los diarios internacionales, ponen a Colombia en el cotilleo venenoso y en escala de referencia de lo peor que una sociedad puede engendrar. De forma realista, una sociedad estribada en el odio hacia el adversario y del uso desproporcionado de la fuerza como sus líneas directrices, tristemente cosecha su cólera en el desprecio total de la vida, como muestra de la legitimidad basada en terror sin fundamento alguno. Es evidente que los renglones constitucionales que rigen desde el año de 1991 son borrosos, con respecto a los renglones nítidos y consecutivamente anteriores impresos desde 1886.
Es licito recordar un fundamento general y somero, pero a su vez profundo. Si aquellos que detentan el poder de manera tradicional desde la fundación de la republica aducen la excelencia de los gobiernos de antaño, ¿es lógico que exista el inconformismo social?, consecuentemente los susodichos detentadores del poder, aseguran poseer excepcionalidad en la administración estatal; entonces ¿Por qué se sienten amenazados por la oposición, si aducen seguridad en sí mismos?
En resumen, desconocer el informe de la CIDH, y descalificar a sus miembros como favorecedores de sus adversarios, sin fundamento alguno, sustenta con creces la predilección gubernamental del autoritarismo supremo de la constitución pasada-1886- , y a su vez el desdén de los principios constitucionales del actual pacto social; es decir tristemente la Constitución Política de Colombia de 1991 se encuentra en la última línea, en vez de encontrarse en la primera línea.
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*Ingeniero Civil, estudiante de Derecho.
Twitter: @OscarPrada12
(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor)
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[1] Referencia tomada del artículo de opinión: Los CDR a la primera línea.
[2] Fascitis o fascismo necrosante
