Políticos, activistas, periodistas. Todos fueron blanco de un espionaje telefónico masivo gracias al programa Pegasus de la firma israelí NSO Group, que afectó a 50.000 celulares en todo el mundo, desde Arabia Saudí hasta India o Azerbaiyán. Sin embargo, ningún país lo usó tanto como México.
De las 50.000 líneas telefónicas intervenidas por este software, cerca de 15.000 eran mexicanas. Así lo reveló una investigación de un consorcio internacional coordinado por la entidad francesa Forbidden Stories. Entre esos teléfonos estaba el de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de México, antes de que llegara a ser mandatario del país.
El escándalo crece a medida que pasan las horas. Se supone que Pegasus sólo podía ser vendido a Gobiernos y entidades públicas por su peligroso alcance: eso implica que fue el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quien ordenó que se espiara a más de 15.000 mexicanos.
Por ahora, el expresidente todavía no se ha pronunciado. Hasta ahora, se sabe que las agencias gubernamentales clientes de Pegasus eran el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría Federal de la República, que ahora es la Fiscalía General, y la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Gobierno «ya no espía»
López Obrador fue contundente: «El Gobierno (ya) no espía a nadie, los opositores no son espiados. No hay censura para los medios de información, a nadie se les limita sus libertades». De hecho, el presidente disolvió el CISEN cuando llegó al Gobierno mexicano.
Sin embargo, no hay claridad sobre si terminó el contrato con la empresa israelí NSO Group. «No sé si pueda existir el contrato, y lo voy a revisar, y hoy mismo vamos a informar, de lo que estoy absolutamente seguro es que no se espía a nadie», aseguró el mandatario, quien fue víctima él mismo de la vigilancia gubernamental.
Además de López Obrador, el Gobierno de Peña Nieto espió a unas cincuenta personas de su entorno cercano, como su mujer o sus hijos, políticos de su equipo y hasta al cardiólogo que lo atendió por un ataque al corazón en 2013. También fueron objetivos la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y al menos 45 gobernadores y exgobernadores.
«Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que (…) estábamos sometidos a un Gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos». López Obrador descartó tomar medidas judiciales. Para el mandatario, el mayor compromiso es «no repetirlo».
De hecho, muchos desconfían de que la vía judicial pueda dar frutos, especialmente entidades de la sociedad civil. La Fiscalía General abrió una investigación sobre el uso de Pegasus hace cuatro años, sin todavía haber dado ningún resultado. Un vocero de la entidad aseguró que las pesquisas están «en desarrollo»: «por el secreto de la misma no podemos revelar nada».
Sin embargo, hay organizaciones civiles que ven negligencia y falta de interés por parte de la Fiscalía. Entidades como Socialtic o la Red por los Derechos Digitales han tratado de conseguir información sobre los contratos públicos de Pegasus a través de la ley de transparencia de México, sin éxito. La Fiscalía era uno de los entes que había usado el programa.
Periodistas y activistas, en la mira
Pero no solo políticos fueron espiados gracias a Pegasus por el Gobierno de Peña Nieto. «Fueron víctimas padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos», recordó Edith Olivares, directora interina de Amnistía Internacional México. Al menos tres familiares de las víctimas de Ayotzinapa están entre los 15.000 investigados.
También se espió a varios periodistas mexicanos, como Cecilio Pineda. El reportero fue asesinado en 2017 en el estado de Guerrero después de que su celular fuera intervenido a través de Pegasus. Sobre este caso, se ciernen las peores sospechas de que su muerte se dio gracias a la información obtenida a través del espionaje. Una información que, en principio, solo podían tener entidades gubernamentales.
En 2017, el mismo año de la muerte de Pineda, un grupo de periodistas ya denunció al Gobierno de Peña Nieto por vigilar sus celulares con el programa de Pegasus. Con las últimas revelaciones, se sabe que al menos 26 periodistas fueron intervenidos.
Peña Nieto negó usar Pegasus en 2017
Cuando el escándalo estalló hace cuatro años, Peña Nieto negó «categóricamente» que su Gobierno espiara a nadie. La investigación que ordenó a la Fiscalía es, precisamente, la que todavía no ha dado frutos.
Por otro lado, quien firmó el contrato del Ejecutivo mexicano con Pegasus, Tomás Zerón, huyó de México tras ser acusado de tortura durante la investigación del caso Ayotzinapa. En el momento de la firma, Zerón era director de la Agencia de Investigación Criminal.
La empresa que desarrolló Pegasus, la israelí NSO Group, se pronunció para decir que la investigación periodística que destapó los espionajes es «endeble» y subrayó, a través de un comunicado de prensa, que su tecnología se vende «únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados Gobiernos con el único propósito de salvar vidas mediante la prevención del crimen y los actos terroristas».
