La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la indagación contra los congresistas Ernesto Macías y Alejandro Chacón, por la denominada «la última jugadita».
Los hechos se presentaron en la instalación del Congreso el 20 de julio del 2019, cuando Macías decidió no incluir en el orden día la réplica que por derecho le correspondía a los partidos de oposición.
Ese día, el micrófono de Macías quedó prendido y se le escuchó: “Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente, y entonces si le pido a la Comisión que acompañe al presidente y los saco de aquí, eso no lo saben. Esa es mi última jugadita de Presidente”.
Macías y Chacó fueron denunciados por congresistas de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de prevaricato por acción y omisión, hostigamiento y abuso de autoridad.
Sin embargo, después de revisar las pruebas, la Corte -con ponencia del magistrado Cesar Reyes- se abstuvo de continuar con la investigación.
Para la Sala no existió un delito penal a pesar de que la denuncia decía que Macías y Chacón habían incurrido en “maniobras irregulares para impedir que la oposición pudiera realizar la réplica, durante la instalación de las sesiones del Congreso para el periodo 2019-2020”.
VER: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte sostuvo que no era competente para investigar: “esto es, una norma legal que regula un trámite administrativo, que cuenta con una acción propia para su protección, diferente a la prevista en la ley penal”.
Así lo dijo el alto tribunal al responderle a los denunciantes sobre las irregularidades que al parecer habría cometido Macías y Chacón para cumplir la ley 1909 de 2018 que protege los derechos de la oposición.
Así mismo la Corte le advirtió que “la intervención de la oposición fue un rema superado de manera oportuna, cuando la plenario del Congreso, ante la petición se corrigió esa agenda y posibilitó la participación del vocero de los partidos políticos declarados en oposición al Gobierno”
Por esos mismos hechos la Procuraduría había iniciado una investigación disciplinaria en el 2019, pero el Consejo de Estado al resolver un conflicto de competencias, dejo esa investigación en manos de la Comisión de Ética del Congreso.
