El Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que en nombre del Gobierno Nacional, tomó la decisión de llamar a consultas al embajador de Colombia en Nicaragua, Alfredo Rangel. La medida que puede interpretarse como el paso previo al rompimiento oficial de las relaciones entre los dos países, se tomó a raíz de los hechos «violatorios de las garantías democráticas, de los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense», según expresó la Cancillería.
De acuerdo con lo informado, esto también “obedece al compromiso del Gobierno de Colombia con los valores y principios consignados en la Carta Democrática Interamericana y en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA)».
Un llamado a consultas es una medida potestativa de cada país, que utiliza cuando se siente inconforme con una situación específica con otro Gobierno. Por esta, razón desde Colombia se expresó su rechazo a la «sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua».
Entre tanto, el Gobierno de Colombia instó «al Gobierno de Nicaragua a la inmediata liberación de los presos políticos y a cesar esta persecución sistemática, así como a permitir el libre ejercicio de las libertades políticas y una elección democrática transparente y libre para que el pueblo nicaragüense escoja su destino».
Por ahora, tras este llamado a consultas, el Gobierno Nacional señaló que: «Continuará monitoreando el preocupante deterioro de la democracia en Nicaragua y buscando opciones, en conjunto con países de la región, que coadyuven al retorno de la institucionalidad democrática en la hermana nación centroamericana».
A casi tres meses de las elecciones de ese país, se estima que hay 29 opositores detenidos, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. El caso más reciente, atribuido al gobierno de Daniel Ortega, es el arresto del politólogo José Peraza, detenido por el supuesto delito de “menoscabo a la independencia y soberanía”, informaron las autoridades.
Democracia amenazada
Nicaragua vive una oleada de arrestos a candidatos y figuras relevantes de la oposición al presidente Daniel Ortega. A solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, siete precandidatos presidenciales fueron detenidos y otros dos han marchado al exilio. A esto hay que sumar la aprehensión de varias figuras relevantes de la oposición, líderes estudiantiles, y hasta exguerrilleros sandinistas críticos con el Gobierno.
La última candidata en certificar su exilio fue María Asunción Moreno debido al “acoso, la persecución y la amenaza de mi encarcelamiento por parte de la dictadura Ortega Murillo». La amenaza para la opositora era más que real desde que el Ministerio Público solicitara a la autoridad su “conducción forzosa”, un término judicial que hace alusión a su inmediata detención.
A través de la red social Twitter, la abogada constitucionalista ha asegurado que cree “aportar más a la causa desde el exilio que aislada e incomunicada”, aludiendo a la situación que sufren otros presos políticos.
Este paso lo decidió tomar después de que en la noche del sábado su casa fuera asaltada por agentes de seguridad del Gobierno con “extrema violencia”, según relató. Durante la inspección varios de sus familiares fueron atacados y la policía no llevó ningún tipo de orden judicial.
