Un imperioso llamado hizo el diputado de Santander, Camilo Alfonso Torres Prada, tanto al Gobernador Didier Tavera Amado y al director de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), Juan Gabriel Álvarez, para que no se sigan aplazando –injustificadamente- el cierre del relleno sanitario a cargo de la empresa Rediba.
“La decisión de cerrar el Relleno Sanitario que administra en la actualidad la empresa Rediba no admite más aplazamientos. Es un imperativo no solo Constitucional sino de tipo Patrimonial”, dijo Torres Prada en una misiva dirigida a ambos funcionarios.
Destacó que “(…) los hechos han sido contundentes en materia de incremento del proceso de contaminación de aguas, verificados por las autoridades judiciales, administrativas y la propia comunidad en los últimos seis meses, no obstante los esfuerzos técnicos del operador, con lo que la vulneración sistemática de los Derechos Fundamentales a la Vida, al Agua y a un Ambiente Sano de todos los seres vivos que habitan en el entorno del basurero y los habitantes del sector urbano de Barrancabermeja, son un hecho cierto e inocultable”.
Para el diputado del Polo Democrático, hay una violación Constitucional porque “el Principio de Precaución en materia de salvaguarda de la integridad vital de los ciudadanos adquiere rango de alto valor en todo el cuerpo de principios garantistas que inspiran nuestra Carta Magna”.
Para el diputado, “el cierre es además un imperativo de tipo Patrimonial, pues de legalizar definitivamente el Relleno Sanitario de Rediba, se daría el camino expedito para que queden reconocidos los derechos de otros particulares que cuentan con una Resolución expedida con anterioridad al surgimiento de la que dio vida al derecho de Rediba. Ello significaría la presencia de dos rellenos sanitarios sobre el Distrito de Protección de la Ciénaga San Silvestre, lo cual es inviable, o la revocatoria de la licencia preexistente”.
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Agregó en la misiva que, “de ser esto último, en la práctica significaría indemnizar al particular con onerosos daños y perjuicios que saldrían del patrimonio de la Corporación, lo que de hecho configuraría un detrimento patrimonial producto de las ligerezas administrativas que como es sabido han generado consecuencias penales para algunos funcionarios”.
Explicó que, “ya el señor Alcalde Darío Echeverri Serrano, en sesión de la Asamblea Departamental en el mes de mayo del año en curso, había advertido del carácter ilegal de la expedición de las dos licencias y señalaba como responsable de tal irregularidad a la CAS. Esta advertencia no puede ser olvidada solo por atender los intereses del operador actual o las amenazas y enredos que diseñan sus abogados para garantizar la defensa de sus clientes por encima de la salud del colectivo barranqueño y las finanzas del Departamento”.
Aduce Torres Prada que, “como Diputado de la Asamblea de Santander exhorto al señor Gobernador y al Director de la CAS a tomar una decisión definitiva frente al cierre del relleno ibídem y apoyar interinstitucionalmente a la Alcaldía municipal a buscar un nuevo lugar para el vertimiento de las basuras que minimice los costos en los usuarios, pues están en juego derechos fundamentales prevalentes y en el que el Derecho a la Vida y a la Salud aparece como eje central de este requerimiento”.
Y concluye: “Igualmente celebro, apoyo y coadyuvo a la acción de los grupos ambientalistas y ciudadanos con sentido de pertenencia por Barrancabermeja, que por encima de las amenazas, exclusiones y aislamientos, han mantenido en alto este requerimiento, expresión clara de dignidad y ejemplo de conciencia ciudadana”.
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