Cayó una nueva denuncia por corrupción hacia el expresidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. La jueza Kelly Alves rechazó las alegaciones de la Fiscalía en las que se acusaba, nuevamente, al mandatario de haber recibido una casa de campo en el municipio de Atibia a modo de soborno.
Este sábado Alves, quien hace parte de un tribunal de Brasilia, publicó un documento en el que decía que las pruebas eran “insuficientes” y que, por lo tanto, no había una “justa causa” que permitiera reabrir el proceso.
Lula se había enfrentado a un proceso jurídico en los juzgados de Curitiba dirigidos por Sergio Moro. El juez lo declaró culpable de haber recibido dicha casa de campo, además de otros cargos que lo condenaban a cerca de 26 años de prisión. Sin embargo, la Corte Suprema los anuló en marzo de este año.
Las acusaciones de la Fiscalía no prosperaron. Según dicho organismo el inmueble le habría sido entregado a Lula por empresas con contratos irregulares vinculados a la petrolera estatal Petrobras.
El propio Lula se pronunció a través de su cuenta de Twitter con un corto mensaje: “¡Buen domingo a todos! ¡La verdad siempre gana!”.
Además, publicó un comunicado que titula “¡Otra victoria para Lula! Caso Atibaia cerrado. Hay 17 victorias de Lula en los tribunales y ninguna condena”. El texto plasma la defensa del izquierdista en contra de la solicitud de reapertura del caso conocido como “Sítio de Atibaia”.
La decisión se da en un momento en el que se espera que Lula sea candidato de las elecciones del país en octubre de 2022 y cuando las encuestas lo sitúan como favorito ante el actual presidente Jair Bolsonaro, quien buscaría ser reelegido.
Un largo camino jurídico
La resolución de Alves se suma a un largo camino jurídico que atañe al popular político brasileño y se vincula directamente a la sentencia de la Corte Suprema en marzo de este año.
El organismo decidió con ocho votos a favor y dos en contra, anular todas las condenas penales a las que se enfrentaba el expresidente y por las que habría tenido que ir a la cárcel por más de 20 años. Todos estos habían sido tramitados en juzgados de Curitiba a cargo del exjuez Sergio Moro.
Lula se enfrentaba específicamente a cuatro procesos. El primero, estaba relacionado a la adquisición de un apartamento en el balneario de Guajurá en el litoral de Sao Paulo. El segundo, se vinculaba a la investigación sobre el Instituto Lula fundado por el mandatario después de dejar el poder. El tercero, tenía relación con la constructora Odebrecht y unas supuestas donaciones ilegales. El cuarto, era el caso de la casa de campo en Atibaia y el cual buscaba ser reabierto con las acusaciones de la Fiscalía.
A pesar de que el exmandatario llegó a cumplir 580 días en una cárcel policial de Curitiba y perdió sus derechos políticos que le impidieron postularse a la presidencia en 2018, la Corte Suprema aceptó una apelación de la defensa de Lula y sentenció que Moro no tenía competencia sobre esos cuatro casos.
Por este último, Lula había sido condenado a 17 años de cárcel por los delitos de corrupción activa, pasiva y lavado de dinero. Sin embargo, fue finalmente socavado por la decisión de la jueza del tribunal de Brasilia este sábado.
