El expresidente y exsenador Álvaro Uribe fue uno de los que volvió a recurrir a la renuncia de su curul con la intención de que un proceso en su contra pasar de la Corte Suprema de Justicia a la justicia ordinaria, lo que implica que la investigación y acusación quedara en manos de la Fiscalía.
La acción, catalogada como jugadita, fue seguida por otros congresistas procesados, que recurrieron a la misma medida para pasar a una jurisdicción que consideran menos rigurosa. Entre ellos el exsenador Richard Alfonso Aguilar Villa, a quine la Corte le había dictado orden de captura por un proceso por corrupción cuando se desempeñó como Gobernador de Santander.
Algunos tuvieron el mismo resultado del expresidente y el de Aguilar Villa, y lograron que sus casos pasaran a las dependencias del fiscal Francisco Barbosa, mientras que, en otras situaciones, la Corte determinó que mantenía competencia, debido a que los cargos eran relacionados con la labor de congresista de algunos de los procesados.
Pero más allá de los resultados, la acción fue considerada por algunos sectores como una trampa a la ley, pues los procesados se daban el lujo de escoger el juez que más les convenía.
Bajo esa premisa, al Congreso llegó un proyecto de acto legislativo que busca frenar en seco este tipo de acciones.
De la autoría del representante David Racero, la iniciativa es bastante concisa, apenas cuenta con dos artículos y ocupa menos de media página, pero acabaría de raíz la conducta de algunos congresistas de renunciar para que sus procesos lleguen a la Fiscalía, que para algunos sectores es considerada como más favorable con los procesados.
La iniciativa solo busca agregar un parágrafo al artículo que define la atribución de la Corte Suprema, en el que se define que esta instancia es la encargada de hacer la instrucción y el juzgamiento de los ciudadanos con fuero de congresistas.
“En relación con los congresistas, la Corte Suprema mantendrá su competencia para investigarles y juzgarles aun cuando se trate de hecho ocurridos con anterioridad a su investidura, que no tengan relación con sus funciones congresionales, aunque estos renuncien a su curul de manera anticipada”, reza la propuesta del representante Racero.
Vale recordar que el ordenamiento actual contempla que el alto tribunal continúe con un proceso de un congresista, así este renuncie o termine su periodo, cuando los cargos son relacionados con la labor legislativa. Mientras que estos pasan a la justicia ordinaria cuando las acciones investigadas no tienen relación alguna con el cargo de congresista.
Sin embargo, este proyecto buscaría acabar con esta distinción, haciendo que los casos quedaran siempre en la Corte, lo que, en teoría, pondría un freno a la práctica de huirle a la Corte renunciando al fuero que les corresponde por ser congresistas.
