El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya tiene listo el primer borrador de su propuesta de amnistía general, el cual será socializado con los miembros de la bancada del Centro Democrático.
Se trata de un acto legislativo que, según ha dicho el exmandatario, tendrá que ser concertado con el Gobierno Nacional y demás sectores políticos para que pueda pasar en el Congreso.
En el borrador, Uribe plantea que dicha amnistía permita que “por una sola vez personas condenadas o procesadas por delitos, o que tengan sanciones o procesos administrativos de pérdida o inhabilidades de derechos políticos, sean elegidas para cargos de representación popular, o nombradas en la administración pública, con observancia de los requisitos generales sobre la materia”.
Sin embargo, aclara que dicho beneficio no podría operar para quienes hayan cometido “delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos de conocimiento de la Corte Penal Internacional y de corrupción en la contratación pública”.
De igual forma, esta propuesta plantea otorgar algunos beneficios a los miembros de la Fuerza Pública.
“Los integrantes de las Fuerzas Armadas, por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este Acto Legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos”, sostiene el documento.
Propone además que quienes se beneficien de esta amnistía total, deberán cumplir con los postulados de reparación de las víctimas y pedir perdón por el daño que hayan causado.
“Se exigirá el reconocimiento de los hechos o en su defecto la contribución a la verdad, sin que esto implique auto incriminación”, señala.
Como las personas que se beneficien de esta reforma recuperarían sus derechos políticos, los partidos y movimientos podrán avalarlos para ser candidatos en las elecciones, siempre y cuando no se presente una sanción penal en su contra por hechos posteriores.
“En la Justicia Especial para la Paz, JEP, habrá una estructura especial para la investigación y juzgamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, por hechos ocurridos hasta el primero de diciembre de 2016. El principio de imparcialidad del juez debe garantizar que los miembros de esta estructura no hayan participado en denuncias, investigación, juzgamiento o pronunciamientos públicos en contra de quienes estén sometidos a esta jurisdicción”, indica el borrador.
Esta norma definirá las condiciones para que personas que se desmovilizaron en el periodo comprendido entre 2002 y 2010 puedan ser admitidas en la ley de Justicia y Paz, cuando por alguna circunstancia no estén siendo procesadas de acuerdo con esta norma.
