a Defensoría del Pueblo reveló que a julio de este año 7.754 adolescentes y jóvenes han cometido alguna clase de delito, por lo que están formalmente vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
También se estableció que el 90% de los jóvenes que permanecen privados de la libertad son hombres y el 10% restante, corresponden a mujeres.
Los delitos que más cometen los menores de edad son: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El informe se conoció en el lanzamiento del ‘Protocolo Defensorial para el Seguimiento al funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)’, a través del que se hacen precisiones normativas y conceptuales respeto del funcionamiento y las competencias de quienes integran dicho sistema.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que los adolescentes involucrados en conflictos y que permanecen privados de la libertad en centros de atención transitoria o especializada, enfrentan situaciones complicadas en esos lugares.
«Nos preocupan las difíciles condiciones en las que se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley penal, principalmente aquellos privados de la libertad en los Centros Transitorios (Ceta), en los Centros de Atención Especializada (CAE) y en los Centros de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa), en diferentes ciudades del país».
También señaló que dicho sistema debe comprender que los adolescentes que están involucrados en la comisión de delitos, son sujetos de derechos y que se debe garantizar que su estancia en los lugares habilitados para su reclusión, sean pedagógicos y permitan la resocialización.
“Es importante que dentro del SRPA se observe al adolescente como un sujeto de derechos, garantizando la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño, de tal forma que las medidas adelantadas tengan el carácter pedagógico que exige el Código para la Infancia y la Adolescencia, la función protectora, educativa y restaurativa. Los jóvenes pueden y deben apoyar la construcción de país como agentes de cambio social en sus comunidades”, sostuvo.
El protocolo permite que a nivel nacional, departamental y municipal, se faciliten los procesos pedagógicos y que además, se evalúen cada uno de ellos.
