La Contraloría General de la República imputó fallo de responsabilidad fiscal, por $920.646 millones, contra siete directivos de Bioenergy Zona Franca.
El organismo de control indicó que en ese caso se imputó culpa grave a Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente General entre los años (2009-2012) y a Aleck Santamaría, también gerente general de la compañía en (2012-2015), así como cinco miembros principales de la junta directiva, ente ellos María Elena Velásquez, Juan Felipe Munera, Gloria Inés Cortés y Claudia Castellanos.
Según el ente de control, pese que financieramente el proyecto no era viable, se dio continuidad a su construcción, pagando aproximadamente 434 millones de dólares más.
«No tenía sentido haber dado continuidad al proyecto destinando los recursos que se recibieron vía capitalización de Bioenergy S.A.S. para terminar la construcción de la planta ‘El Alcaraván’ cuando la Tasa Interna de Retorno de la inversión al momento de la terminación unilateral del contrato con era tan solo del 2,44%», señaló la Contraloría.
Según el fallo de responsabilidad fiscal, también se logró establecer que sin haber consolidado el proyecto agrícola con la siembra de la caña necesaria para ser utilizada en la planta de etanol, se adelantó la ejecución del recurso público para la construcción de la planta, invirtiendo dineros adicionales que generaron una pérdida de la inversión por orden de un billón cuarenta y tres mil millones de pesos, que corresponde al valor de las capitalizaciones realizadas por Bioenergy para la ejecución del proyecto industrial.
El organismo de control estableció que la planta ‘El Alcaraván’ fue proyectada con una capacidad de producción de etanol de 504.000 litros al día; «sin embargo, entre 2017 al 2019 se produjeron tan sólo 131.209.887 litros, o que se traduce en una utilización de 73 días para el año 2017, 94 para el 2018 y 98 para el 2019, lo que prueba que las decisiones adoptadas para dar continuidad al proyecto fueron desacertadas».
Así mismo, la Contraloría estableció que la pérdida de la inversión se materializó al momento en que Bionergy Zona Franca S.A.S en enero de 2020 radicó ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud encaminada a que se realizara la apertura del “proceso de reorganización”, por las pérdidas en que incurrió y que le impedían cancelar oportunamente sus obligaciones, y cuando en junio del mismo año solicitó terminar este proceso y entrar en liquidación.
La imputación concluyó que «la situación financiera del proyecto no solo era evidente con el incremento en los costos de la construcción de la planta, sino que período tras período, los estados financieros de la sociedad evidenciaban el deterioro de las inversiones, reflejado en el incremento en las pérdidas que iban consumiendo el patrimonio social, situación que era conocida incluso de manera mensual en las reuniones de la Junta Directiva, sin que se evidenciara pronunciamiento ni correctivo alguno, encaminado a revertir este deterioro».
