Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, reconoció que el contratista Emilio Tapia sí cumplió un papel de estructurador del proyecto, con el que las empresas relacionadas con ese consorcio lograron la licitación del polémico contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet a miles de colegios en el país.
Esta declaración se produjo a raíz de las tres primeras capturas que hicieron efectivas agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, por escándalo de irregularidades en contratación que terminó con la detención del contratista Emilio Tapia (condenado por el carrusel de contratos en Bogotá); Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.
El abogado señaló que «los representantes legales de los integrantes de la Unión Temporal me informan que el señor Emilio Tapia no es el propietario de ninguna de esas empresas y que él tuvo una intervención como estructurador del proyecto, es decir que unió a varias empresas que conocía», dijo Pino Ricci.
Asimismo, sostuvo que Emilio Tapia «tenía alguna relación de amistad con los representantes legales para participar en un proceso y que él ha manifestado que esa no es una actuación lícita de una persona que ya había adquirido un compromiso con la justicia y que tenía de alguna manera que realizar alguna actividad para trabajar y poder sostener a su familia».
Según el jurista, Emilio Tapia «intervino como estructurador, conociendo varias empresas para colaborarles en una asesoría para la presentación de la propuesta y de la ejecución del contrato… como abogado y antiguo empresario, intervino en la unión de esfuerzos para la presentación de la licitación».
