Por: Rubby Flechas/ Todo un revuelo ha generado la propuesta del gobierno de modificación a la ley de garantías. No solo ha generado rechazo en la oposición, sino también dentro del propio partido de gobierno. Incluso el líder del Centro Democrático pide no derogar dicha ley.
¿Pero qué hay de cierto en que la intención del gobierno al querer eliminar las limitaciones a la contratación en época pre electoral ayude a apalancar la economía?
Esta fue creada con el propósito afianzar la neutralidad de los servidores públicos que organizan y supervisan las disputas electorales y que tanto los candidatos como los electores, aprovechen en igualdad de condiciones los recursos ofrecidos por el Estado, de manera que la voluntad popular se exprese sin obstrucciones de ningún tipo y la decisión del pueblo se vea reflejada en la persona elegida para ocupar el cargo de autoridad que se disputa.[1]
Llama la atención que la ley que se pretende derogar aludiendo el apoyo a la reactivación económica solo existan dos formas de contratación prohibidas; la contratación directa, o a dedo; y los convenios interadministrativos. La licitación pública, concursos de méritos y selección abreviada no tienen ningún tipo de restricción.
Como la Ley de Garantías pretende precisamente, dar garantía de que los recursos públicos y en general, el aparato estatal no sea utilizados con fines proselitistas, son los contratos que no requieren un proceso de selección o concurso donde todos participan en igualdad de condiciones, los que no pueden celebrarse.
Pero esta Ley no sólo limita la contratación, también restringe el monto de la publicidad estatal, la inauguración de obras públicas por parte del presidente o vicepresidente, y otras acciones donde se pueda comprometer la imparcialidad del gobierno saliente; como, por ejemplo, que el presidente no pueda referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como jefe de Estado o de gobierno. Básicamente, le prohíbe hacer campaña al presidente y a sus subalternos.
Imagínense ustedes el poder de tener el aparato estatal a disposición de una campaña electoral. Inadmisible en una democracia.
Huele mal este cambio particularmente porque se realiza justo antes de que se pongan en marcha las restricciones que se contemplan en la ley, cuando ya hay candidatos, ya hay sondeos y ya hay tendencias.
Sorprende cómo no sólo el propio partido de gobierno se opone a este cambio. El Consejo Gremial considera inconveniente el artículo que daría vía libre a las contrataciones directas y convenios por considerar que deben mantenerse intactos los principios fundamentales de la Ley de Garantías, a fin de que la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta, se protejan de manera especial en los ciclos electorales[2]
Igualmente, voces como las de Uribe pidiendo que no se de autorización a convenios interadministrativos ad portas de las elecciones de 2022, y aunque muchos han dicho que está bien que se derogue la ley, no queda bien parado este gobierno al querer derogarlo justo cuando entramos a época pre electoral.
Tantas voces en contra no son para menos. Qué garantía de imparcialidad podríamos tener en unas elecciones viciadas por millonarios contratos que el gobierno de turno pueda realizar justo en el pico de las campañas. Si todos sabemos que hay una limitación a la contratación cuatro meses antes del día de las votaciones, pues a planear con esmero, a programar a tiempo y a organizar todo para que la contratación salga a tiempo.
La reactivación económica no puede ser utilizada como caballito de batalla para desmontar una ley tan importante en múltiples niveles. No se entiende el afán de permitir convenios y contratos a dedo cuando el estado aún cuenta con múltiples formas de contratación, y cuando las restricciones van más allá de dos formas de contratación. No está claro si desmotar esta ley permitiría reactivar la economía o mover la balanza en las próximas elecciones.
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*Economista, especialista en gobierno, gestión pública, desarrollo social y calidad de vida.
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(Esta es una columna de opinión personal y solo encierra el pensamiento del autor).
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