Debido a la existencia de “vacíos jurídicos”, desde éste martes el alcalde Darío Echeverri Serrano recobra su libertad. El mandatario de Barrancabermeja está vinculado a un proceso penal por presuntas irregularidades cometidas por él y algunos de sus colaboradores para torpedear las elecciones de revocatoria de su mandato.
La decisión también favorece al exsecretario del Interior, Diego Acosta; al exdirector del Instituto para el Fomento del Deporte (Inderba), Christian Juliao Camacho y el exconcejal John Jairo Moros Renales.
Durante la audiencia, el juez decidió decretar la nulidad de la “actuación específicamente a partir del auto del 15 de febrero del 2018, efectos de que el juez 46 penal de Bogotá con control de garantías corrija y subsane la Providencia en los términos ya referidos”.
El proceso contra Echeverri Serrano se originó luego que la Misión de Observación Electoral (MOE), lo denunciara porque supuestamente entregaron mercados y otros regalos para que la gente no saliera a votar por la revocatoria.
Ganadores y perdedores con el proceso penal contra el alcalde de Barrancabermeja
El abogado de los acusados, Iván Cancino, dijo a los medios que “lo que le dice el señor juez es que no tuvo en cuenta los argumentos que dio la defensa, que fueron sólidos y contundentes. Estoy seguro que cuando el juez de garantías analice de manera cuidadosa los elementos y los argumentos dados, la decisión no puede ser otra que la libertad que hoy logra el doctor Echeverri y los demás procesados”.
La nueva decisión jurídica es un duro golpe a la Fiscalía General de la Nación, que perseguía una “medida más severa como la privación de la libertad en centro carcelario por la gravedad y cantidad de los delitos imputados; además, porque se debe evitar que se obstruya a la justicia y garantizar la asistencia de los procesados a las diligencias judiciales”, dijo en un comunicado en febrero pasado.
Fiscalía: Se debió decretar medida de aseguramiento intramural en caso Echeverri
Sin embargo, los procesados seguirán vinculados al proceso y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante y corrupción del sufragante, según les indilgó la Fiscalía.
Para el ente acusador, “buscaron convencer a los ciudadanos de que no acudieran a las urnas, para no alcanzar el umbral que exige la ley” y para ello “hubo campañas de desinformación, restricción del transporte público el día de la votación y eventos en los que les fue retenida la cédula de ciudadanía a los habitantes”.
