El plan de choque busca desarrollar intervenciones a corto y mediano plazo, articulando esfuerzos entre las entidades nacionales y el Distrito de Cartagena, de la mano del sector privado y organizaciones sociales para prevenir y erradicar la explotación sexual comercial de menores y adolescentes, según lo anunció el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez durante el lanzamiento, junto con el alcalde de Cartagena, William Dau; la directora del ICBF, Lina Arbeláez; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía.
“La explotación sexual comercial de la niñez y adolescencia dejan ganancias malditas y las debemos acabar”, afirmó el Ministro y dijo que la extinción de dominio es una realidad para los establecimientos donde son explotados los niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el alto funcionario, el panorama como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, arroja que es mayor el tiempo que los niños y adolescentes están utilizando dispositivos tecnológicos e internet como herramienta educativa y de recreación.
Además, el 30% de los usuarios de internet son niños y adolescentes, lo que hace que aumente el riesgo y amenazas de delitos cibernéticos relacionados con la ocurrencia de la ESCNNA en el contexto digital.
Precisamente en 2020 fueron víctimas 162 niños, niñas y adolescentes (NNA) y en el presente año con corte a julio se registran 106 casos, es decir, en total 268 en el contexto digital.
Los departamentos de alta incidencia de explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes en el último año son Bogotá (95), Antioquia (89), Caldas (55), Bolívar (51) y Valle del Cauca (48).
“Conjugaremos esfuerzos específicos para recurrir a la educación como eje fundamental contra las formas de violencia en la niñez y la adolescencia e impedir el riesgo, porque fundamentalmente queremos asegurar el restablecimiento de los derechos para los menores que se vieron expuestos a este delito. Las niñas, niños y adolescentes de nuestro país no están solos”, sostuvo Cabrera Báez.
En los dos últimos años se han abierto 589 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, y la mayoría entre 12 y 17 años de edad. En 2020 se presentaron 362 casos y 227 con corte al 31 de julio de 2021, según cifras reportadas por la directora General del ICBF, Lina Arbeláez.
La directora del ICBF manifestó que este tipo de delincuentes cuenta una amplia oferta de actividades comerciales y la afluencia de personas nacionales y extranjeras de todas las edades.
