Una drástica decisión luego de un crítico mensaje y un pedido a la acción humanitaria. El Gobierno de Etiopía, liderado por el primer ministro y Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, declaró “persona non grata” a siete funcionarios de distintas agencias de Naciones Unidas, con presencia en el terreno. Una medida que no tiene precedentes en el país africano y que, según el secretario general de la ONU António Guterres, ha causado una gran “conmoción”.
Para Adís Abeba, los trabajadores de las distintas agencias humanitarias que se encuentran en Etiopía se habrían entrometido “en los asuntos internos del país”, lo que llevó a la polémica decisión. “Deben abandonar el país en las próximas 72 horas”, señaló en un escueto comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Entre los siete funcionarios se encuentran trabajadores del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (UNOCHA) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, algunos de los cuales ocupaban altos cargos de coordinadores.
La portavoz de Naciones Unidas, Stephanie Tremblay, anunció que el organismo está colaborando con el Gobierno “con la expectativa de que se permita a la ONU continuar con su importante labor” y hacer frente a la crisis diplomática desatada en las últimas horas. «Creo que, en esto, las operaciones, como dijimos, el acceso fue difícil. Tener menos personas que puedan administrar, que puedan planificar y ejecutar las operaciones humanitarias, por supuesto, tiene un impacto», sentenció Tremblay.
Los trabajadores humanitarios brindan «ayuda para salvar vidas»
“Todas las operaciones humanitarias de la ONU se rigen por los principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia”, defendió Guterres en un comunicado, argumentando que la labor de sus funcionarios es brindar “ayuda para salvar vidas”, en un momento en el que la población del norte del país lleva casi un año sumido en una profunda crisis humanitaria, derivada del conflicto en la convulsa región de Tigray, que estalló a principios de noviembre de 2020.
De hecho, el pasado martes 28 de septiembre, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, se pronunció sobre la hambruna que padecen los habitantes de Tigray denominándola como “una mancha en nuestra conciencia”. El funcionario también apeló a las dificultades que los trabajadores humanitarios están afrontando a la hora de enviar cargamentos con ayuda a la región. Griffiths apuntó a “un bloqueo de facto” de casi tres meses, llevado a cabo por las autoridades federales.
De los 5,2 millones de personas que viven en Tigray, el 90% necesita ayuda humanitaria
Estas declaraciones parecen haber sido el detonante de la expulsión de los miembros de Naciones Unidas. Ese mismo día, la misión de Etiopía en la ONU en Nueva York descalificó tales afirmaciones, argumentando que eran “infundadas”. La realidad, según los expertos humanitarios en el terreno, es que de los 5,2 millones de personas que viven en Tigray, el 90% necesita ayuda. «Necesitamos que el Gobierno etíope haga lo que prometió, que es facilitar el acceso», concluyó Griffiths dos días antes de la expulsión.
Las reacciones no se han hecho esperar. La Casa Blanca condenó las expulsiones y amenazó con imponer sanciones contra aquellos que obstruyen los esfuerzos humanitarios: “Nos preocupa profundamente que esta acción continúe un patrón del Gobierno etíope de obstruir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros que salvan vidas a los más necesitados”, dijo Jen Psaki, la secretaria de prensa del mandatario estadounidense, Joe Biden.
“La solución al empeoramiento de la crisis humanitaria en Tigray es declarar al personal humanitario de la ONU en Adís Abeba persona non grata (…) Triste pero real”, criticó el portavoz del Frente Popular de la Liberación de Tigray (FPLT), grupo rebelde líder en la región. El FPLT lleva casi un año en guerra con las fuerzas de seguridad federales, que deja miles de muertos y millones de desplazados y refugiados. Pese al alto el fuego declarado el 28 de junio, los combates persisten en algunas partes y la emergencia humanitaria se ha agravado desde entonces debido al difícil acceso de los organismos internacionales.
Una situación «fuera de control» en Tigray
Naciones Unidas lleva meses alertando que la crisis en Tigray se está “saliendo de control”, con más de 400.000 personas –entre ellos miles de menores de edad- en riesgo de padecer hambruna severa. Las autoridades del Gobierno central parecen rechazar este pedido, como demuestra la dramática expulsión, cuyas principales víctimas son los habitantes de la aislada región norteña.
La precaria situación que se vive en Tigray parece estar propagándose por las regiones vecinas de Amhara y Aftar, puesto que miles de personas se han desplazado hasta allí en busca de alimentos. De hecho, los más críticos señalan que podría ocurrir una hambruna con una magnitud similar a la que asoló el país en la década de los 80.
Sin medios de comunicación presentes en el terreno, se desconoce la magnitud real de la crisis, que podrían incrementar drásticamente con la forzosa salida de los funcionarios de la ONU y las múltiples trabas a las que se enfrentan los organismos a la hora de realizar su labor en Etiopía. Incluso, varios trabajadores humanitarios, han sido acusados por el Gobierno de ayudar a los rebeldes de Tigray y de facilitarles armamento. Unas acusaciones que ponen en un alto riesgo a los cooperantes. Desde que inició el conflicto, al menos 23 trabajadores humanitarios han sido asesinados.
Censura a organismos humanitarios internacionales
No es la primera vez que un organismo internacional se ve afectado por el silenciamiento del Gobierno etíope. En agosto también suspendieron temporalmente los grupos de ayuda de la organización Médicos Sin Fronteras y el Comité Noruego de Refugiados, acusándolos de difundir “información errónea” sobre la guerra.
Por ello, cada vez más organizaciones se muestran reticentes a dar información sobre lo que sucede realmente dentro del país, ante el riesgo de perder acceso a la región. «Tienen sus puños alrededor de nuestras gargantas con los nudillos estrangulándonos», dijo un trabajador humanitario a la agencia AP bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Simplemente nos dejan jadear de vez en cuando para que no muramos”.
