Es una victoria de los ambientalistas en Francia con ayuda del sistema judicial. El fallo del Tribunal Administrativo de París exige al Estado francés tomar todas las medidas para “reparar el daño ecológico” por el incumplimiento de sus propios compromisos contra el calentamiento global.
En concreto, la corte exige al Gobierno respetar el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en un 40% para 2030, en comparación con 1990.
En consecuencia, le pide que evite un mayor aumento de las emisiones contaminantes.
«Es necesario ordenar al primer ministro y a los ministros competentes que tomen todas las medidas sectoriales útiles que puedan reparar el daño hasta el nivel de la parte no compensada de las emisiones de gases de efecto invernadero en el primer presupuesto de carbono», indicaron los jueces.
La demanda fue impuesta por cuatro ONG bajo el lema «Asunto del siglo» y estuvo respaldada por una petición de más de 2,3 millones de ciudadanos que destacaron la infracción a las responsabilidades trazadas en la estrategia nacional de bajas emisiones de carbono.
Aunque el tribunal no impuso multas para hacer cumplir su dictamen, si las autoridades no toman las medidas adecuadas que reduzcan las emisiones para fines de 2022, la corte podría entonces imponer sanciones, según explicó Arie Alimi, uno de los abogados de las organizaciones denunciantes.
Por el momento, el fallo rechaza la solicitud de las ONG de aplicar una sanción económica de 78 millones de euros por cada semestre de retraso para alcanzar las metas.
“El sistema judicial, aliado en la lucha contra el cambio climático”
Francia es considerada ahora como una de las naciones donde los activistas se han podido apoyar en el sistema judicial para obligar a sus gobiernos a tomar medidas contra el cambio climático.
Y es que el pasado agosto, el Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de la nación, multó al Gobierno de Emmanuel Macron con 10 millones de euros por no mejorar la calidad del aire, una decisión calificada como histórica.
«Ahora el sistema judicial se está convirtiendo en un aliado en nuestra lucha contra el cambio climático», aseguró el director de Greenpeace en Francia, Jean-Francois Julliard, mientras celebraba el fallo de este 14 de octubre.
La tendencia se ha extendido a otros países de la Unión Europea. En abril, el Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó que la nación debe actualizar su ley climática para fines del próximo año con el fin de concretar cómo reducirá las emisiones de carbono a casi a cero, para el 2050.
En los Países Bajos, la Corte Suprema ordenó al Gobierno, a finales de 2019, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero más rápido de lo planeado.
Las acciones legales en materia climática dejan claro que contrarrestar el grave daño ambiental es una carrera urgente.
La más reciente decisión producida en Francia tiene lugar a menos de tres semanas antes de la apertura de la conferencia crucial sobre el clima, COP26, mientras que los expertos de la ONU en esta materia han hecho sonar una vez más la alarma sobre la aceleración del calentamiento global.
