Con la celebración de las elecciones presidenciales, legislativas y locales de Honduras, el país ha experimentado una campaña electoral violenta e intimidante y debe superar problemas que han estado presentes en el país por durante años: un masivo éxodo de hondureños hacia Estados Unidos, episodios de corrupción en el gobierno, narcotráfico e índices de pobreza en constante crecimiento.
Pese a esto, el Gabinete de Gobernabilidad de Hernández presentó en el mes de noviembre un informe de rendición de cuentas sobre su mandato en el cual se presentan resultados positivos de su administración y se omiten varias verdades que organismos internacionales han señalado en repetidas ocasiones.
Corrupción
Después de que la oposición calificara como “fraudulentas” las elecciones en las que ganó Hernández, su administración ha sido empañada por múltiples denuncias de corrupción.
Los señalamientos a su gobierno aumentaron luego de que el Parlamento hondureño no permitió la continuidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en enero de 2020, la cual estaba relacionada con un acuerdo entre el país y la Organización de Estados Americanos (OEA).
La decisión del legislativo se presentó luego de que la Maccih dejó evidencia sobre la captura y el encarcelamiento en 2018 de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien actualmente cuenta con un juicio en curso.
El mismo Parlamento también se ha visto salpicado por denuncias de corrupción a varios de sus diputados, la mayoría de ellos pertenecientes al Partido Nacional, al que pertenece el presidente hondureño.
Violencia y crimen organizado
Hernández, en su reciente rendición de cuentas aseguró que durante su administración “se derribaron imperios mal habidos” por medio de la incautación de bienes y la construcción de cárceles de seguridad.
“Junto con la Policía Nacional hemos logrado sacar a más de 7.000 elementos que deshonraban esta institución y hemos logrado la creación de nuevas fuerzas de seguridad pública y de investigación para luchar contra la galopante impunidad”. afirmó el presidente hondureño.
Sin embargo, el índice de Estado de derecho de 2019, diseñado por el World Justice Proyect (WJP) ubicó a Honduras con un indicador del 0,4 posicionando al país como antepenúltimo en toda América Latina y donde la categoría de justicia penal se registró como su peor indicador.
Según informes oficiales, antes de su mandato en 2013, Honduras tenía una tasa de 77,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una situación que mejoró con su llegada al poder al registrar 37,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2020.
Sin embargo, los hondureños en la realidad viven en escenarios de crimen organizado en las calles con una cifra de al menos 10 muertos diarios en acciones violentas por bandas criminales.
Narcotráfico
Desde 2013, cuando Hernández era candidato a la presidencia, fue señalado por presuntamente haber aceptado un soborno monetario y el acceso al laboratorio de cocaína del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a cambio de cubrir sus acciones ilícitas usando al Ejército Nacional. Declaraciones que también fueron respaldadas por fiscales estadounidenses durante varios años.
Hernández ha rechazado esas acusaciones y ha afirmado que no tiene ningún vínculo criminal. Hasta ahora, no ha sido acusado formalmente de ningún cargo.
En 2016, su hermano menor Juan Antonio Hernández fue hallado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y en marzo de 2020 fue condenado a cadena perpetua por este delito.
Después de este suceso, el presidente se ha mostrado con mano dura contra el narcotráfico y ha entregado en extradición a Estados Unidos a varios de los implicados.
En el estrado, los narcotraficantes han hablado de sus vinculaciones con Hernández, sin embargo éste ha mencionado que solo son “mentiras que afirman ante las cortes de los Estados Unidos, buscando que las condenas sean menores”.
Pobreza y migración
Honduras se ha visto golpeada por los efectos del cambio climático y el azote de dos huracanes a finales de 2020. Lo que ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de personas y ha agravado las condiciones de vida en muchas regiones del país.
Esto ha generado un éxodo masivo de sus ciudadanos, que constantemente llegan a la frontera de Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
No obstante, aunque el próximo presidente de Honduras heredará un país con un crecimiento entre el 8% y 9% este año, también deberá afrontar una elevada deuda externa con una cifra de 2.074 millones de dólares que deberá pagar en 2022 según cifras del Banco Central.
«El nuevo gobierno heredará una situación en la que no estará vigente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso implica que su prioridad será intentar suscribir uno nuevo. En el fondo, este va a definir también el conjunto de políticas públicas y en buena medida la manera para resolver los problemas financieros» explicó Mauricio Díaz, director del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).
El nuevo gobierno enfrentará problemas para financiar el presupuesto nacional de 2022, que rondará los 12.790 millones de dólares, apuntó Díaz.
Mientras tanto, la tasa de pobreza en Honduras podría situarse al cierre de este año en el 80% y el número de desempleados superaría los dos millones de personas, según economistas y organizaciones obreras.
