Kazajistán se unió a los 88 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU que efectivamente han cumplido con la abolición de la pena capital, uno de los compromisos contenidos en ese acuerdo.
El presidente Kasim-Yomart Tokayev firmó una ley aprobada la semana pasada por el Senado, que excluye completamente la pena de muerte, cumpliendo así la obligación que había contraído durante su discurso ante la 75ª Asamblea de la ONU en septiembre de 2020.
En esa oportunidad, Tokayev destacó «el compromiso de la nación con reforzar el derecho fundamental a la vida y la dignidad humana».
La firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue el siguiente paso, y obligaba a ajustar la legislación nacional.
Oficialización de una práctica ya adoptada
Kazajistán, el país más grande de Asia Central, había suspendido la aplicación de la pena capital desde 2003, a través de una moratoria decretada por el entonces presidente Nursultan Nazarbayev.
Durante la redacción de la Ley de Enmiendas y Adición de Ciertos Actos Legislativos de la República de Kazajistán sobre la Abolición de la Pena de Muerte, la Cámara Alta del Parlamento estudió la posibilidad de conservar el castigo para delitos graves de orden militar cometidos en tiempos de guerra.
Sin embargo, el presidente insistió en la necesidad de la abolición total, en línea con la solicitud de organizaciones de derechos humanos, de modo que el Senado decidió conmutar la pena con cadena perpetua sin libertad condicional.
«La adopción de estas leyes está en línea con el curso del Gobierno hacia la garantía de los derechos humanos y la modernización política de Kazajistán», reza un comunicado difundido por la cancillería kazaja. «Forma parte de las reformas políticas a gran escala del Presidente y su iniciativa de ‘Estado que Escucha»», agrega la publicación.
El camino hacia una democratización
Tokayev llegó al poder en marzo de 2019, en reemplazo de Nazarbayev, que había gobernado el país por casi 30 años. Lo hizo en medio de numerosas protestas de quienes consideraban que era solo una extensión de las políticas de su antecesor.
Las manifestaciones fueron sofocadas violentamente, lo que trajo consigo denuncias por parte de periodistas y activistas, que firmaron una carta abierta pidiendo investigar la actuación de la Policía.
Aunque la reacción no fue inmediata, Tokayev tomó acciones hacia una reconciliación de los factores en pugna, y puso en marcha la iniciativa de ‘Estado que Escucha’, con la que busca involucrar a la ciudadanía en los cambios que han de producirse en el país para concretar la prometida modernización política.
