El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, señaló que en los próximos días se podría conocer la decisión de primera instancia sobre la investigación por parte de Control Interno y Disciplinario contra el exasesor de la Presidencia, Andrés Mayorquín, que determinaría si se presentaron irregularidades para la entrega y selección de contratos obtenidos por su esposa.
De acuerdo con Muñoz, la investigación inició en el mes de noviembre de 2021 y se compulsaron copias a los organismos de control e investigación, además de cualquier entidad vinculada con Karen Vaquiro, esposa del exasesor de Presidencia, quien obtuvo contratos por más de 1.200 millones de pesos.
«Cuando salga el fallo, sobre ese se podrán hacer todas observaciones al respecto de si la persona violó o no las normas, tenía conflicto de intereses o no tenía conflicto de interés, si hubo tráfico de influencias o no y si lo hubo, son delitos y estos se sancionan. Todo esto se hace para evitar la corrupción, para combatir la corrupción», explicó Muñoz.
Sin embargo, señaló que para un contratista de prestación de servicios «ser familiar de un funcionario público no es un delito, ni está prohibido en la ley; pero si se llega a hacer tráfico de influencias eso sí es un delito, o si se llega a prestar el servicio sin ser la persona idónea o si los contratos son adjudicados de manera irregular, esos son delitos y para eso están los procesos de sanción y cada caso se debe manejar individualmente».
Cabe mencionar que se han hecho varios cuestionamientos en el caso de Andrés Mayorquín y su esposa Karen Vaquiro, por presuntas irregularidades a la hora de lograr contratos con entidades públicas.
Por ejemplo, en la hoja de vida pública, Vaquiro decía que no tenía pareja sentimental y firmó bajo la gravedad del juramento que no tenía inhabilidad o incompatibilidad alguna, para suscribir el requerimiento de prestación de servicios.
Sin embargo, también se han conocido denuncias de las intermediaciones que al parecer hacía Mayoriquín, quien contactaba directamente con las entidades, como en el caso del alcalde de Cartagena, Willian Dau, quien reveló supuestas pruebas que demostrarían que el exasesor de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, intentó contactarlo vía WhatsApp para brindarle servicios en temas legislativos.
“Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos del Congreso de la República aquí en Bogotá. ¿No sé si sea cierto y si podría sugerirle a alguien? Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, dice uno de los mensajes revelados por William Dau.
Entre la lista de contratos que se habrían firmado entre 2020 y 2021 por parte de Vaquiro, figuran entidades como la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General de la Nación,el Icetex, los Ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil y la Registraduría Nacional.
