La reforma fue votada este martes por el Congreso salvadoreño con 63 votos a favor y 17 en contra. Esta legaliza, entre otras cosas, la incorporación de «evidencia digital» en los procesos penales.
De acuerdo a la normativa, se considera evidencia de este tipo a «los documentos digitales, mensajes electrónicos, imágenes, vídeos, datos y cualquier tipo de información que sea recibida o transmitida a través de tecnologías de la información y comunicación o por medio de cualquier dispositivo electrónico».
Permitirá la realización de «operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias» para las investigaciones, lo que significa que, con autorización del fiscal general, se pueda recopilar información por medio de programas informáticos, sin indicar precisamente cómo afectará a los ciudadanos.
Durante la sesión del Congreso, el diputado oficialista Walter Coto argumentó a favor de la normativa al asegurar que, hasta ahora, la evidencia digital no estaba regulada y que ya que «las nuevas tecnologías van innovando día a día», la «legislación también debe modernizarse», añadiendo que «se están utilizando las redes sociales con el objetivo de cometer hechos delictivos».
Del otro lado, Johnny Wright Sol, del partido opositor Nuestro Tiempo, aseguró que la reforma «es la vía para legalizar el espionaje por medios digitales a críticos del Gobierno» y a periodistas.
Organizaciones sociales expresan temor ante la reforma
Varias organizaciones sociales han indicado su preocupación por la reforma, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cuyo presidente, César Castro Fagoaga, está preocupado por «el abuso y las arbitrariedades» que la Fiscalía y Policía «puedan hacer con estas investigaciones», explicando que les faltan filtros necesarios, entre otras cosas.
Este lunes, argumentó en una rueda de prensa que las nuevas herramientas podrían ser de gran ayuda, sin embargo aseguró que «la evidencia de cómo se han comportado estas instituciones (Fiscalía y Policía) en el pasado, hace desconfiar plenamente de ellas», y agregó que «de alguna forma, lo que se está legalizando es el espionaje».
La diputada Claudia Ortiz dijo durante la sesión que aunque «es necesario que la legislación vaya innovando en estos temas», considera que esta no es la manera de hacerlo.
Ortiz recordó que varias organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han invitado al país a que ofrezca «garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, especialmente para el ejercicio del periodismo y para las y los defensores de los derechos humanos», añadiendo que no se puede «avalar que se le dé más poder al Estado para involucrarse en la privacidad de la ciudadanía en un contexto en el cual El Salvador está violentando derechos humanos».
Amnistía Internacional aseguró haber verificado el «uso del programa Pegasus para vigilancia de periodistas» y activistas de derechos humanos en El Salvador, según indicó la organización.
