A partir de este sábado entra en vigor en Austria la ley de vacunación obligatoria, la cual fue anunciada hace tres meses, provocando el rechazo de parte de sus ciudadanos y bajando en el ritmo de inoculación.

Con el objetivo de incrementar el porcentaje de la población inmunizada ante el rápido avance la variante Ómicron y con una tasa baja de vacunación, el Gobierno austriaco impuso esta medida, que fue muy apoyada en ambas cámaras del Parlamento -con una aprobación mayor al 75%-, pero que no tuvo la misma adhesión en los habitantes.

Austria será el primer país de la Unión Europea en implementar la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19, con la excepción de mujeres embarazadas, los menores de 18 años, las personas para las que la inyección suponga un riesgo y aquellos que se hayan repuesto de la enfermedad en los últimos 180 días.

Además, para aquellos que incumplan esta nueva ley habrá sanciones económicas que oscilarán entre los 600 y los 3.600 euros, aunque pondrán ser levantadas si en las dos semanas siguientes reciben la vacuna.

No obstante, la norma tendrá una aplicación progresiva en fases. La primera durará hasta el 15 de marzo y tendrá la finalidad de recordarle a la población no inoculada mediante una carta y se les ofrecerá una cita para concretar la aplicación del fármaco.

En la segunda, que irá a partir del 16 de marzo, la Policía comenzará a incluir la revisión del estado de la pauta de vacunación en los controles de la vía pública. En tercera instancia, de ser necesario, el Gobierno expedirá multas de forma automática.

Posturas que se contraponen

La coalición de Gobierno conservador-ecologista justificó esta ley manifestando que era el mejor camino para contener a la pandemia, prevenir futuras olas y contribuir para evitar el colapso hospitalario. Aproximadamente, un cuarto del país aún no se aplicó ninguna dosis y solo el 68% tiene la pauta completa.

La votación de esta legislación fragmentó a la oposición luego de que liberales y socialdemócratas respaldaran la propuesta oficialista y levantaran la mano a favor. En este panorama, quienes enarbolan la bandera en contra es el partido ultranacionalista FPÖ, que criticó todas las medidas de precaución durante la pandemia, desde el uso de las mascarillas hasta la vacunación. El referente, Herbert Kickl, incluso recomendó tomar paracetamol y un desparasitador de caballos para paliar la enfermedad.

El argumento sobre el que sostiene sus alegatos radica en que la ley de inoculación obligatoria atropella las libertades individuales de cada ciudadano y cuestionaron la severidad de este momento de la pandemia.

Sin embargo, la resistencia mayor existe en los ciudadanos, luego de que algunos sondeos arrojaran que alrededor del 40% se opone a la imposición de la ley. Algunos argumentan temores a los efectos que las vacunas ocasionan.

Expertos en sanidad y comunicación manifiestan que la estrategia discursiva del Gobierno no fue productiva para estimular la vacunación, pasando de mensajes exagerados hacia anuncios que indicaban el final de la pandemia.

Desde que se notificó en noviembre esta ley de vacunación obligatoria, el ritmo de primeras dosis bajó progresivamente, pasando de una media de 15 mil hace dos meses hasta llegar a menos de dos mil hace siete días.

Además, la oposición criticó que el Gobierno impulse la expiración de las medidas preventivas prácticamente a la par que la ley de vacunación obligatoria, dando un signo de desconcierto e incoherencia.

Así, a partir del 12 de febrero comenzarán a eliminarse las restricciones para personas no vacunadas que están excluidas de lugares no esenciales y restaurantes desde noviembre. Tampoco se exigirá para trabajar, aunque esa podría ser una condición que las empresas implementen por su cuenta.

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