Perú enfrenta un nuevo capítulo de inestabilidad política y social. Esta vez, el motivo radica en el alto costo de la vida debido a la subida del precio del combustible, fertilizantes y alimentos. Por eso, este 4 de abril Lima registró varios bloqueos a lo largo de la ciudad y su área metropolitana, en un paro convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.
Este es el séptimo día consecutivo de protestas y bloqueos en el país, en concreto en la región céntrica de Junín, donde ya han muerto al menos tres personas, una de ellas menor de edad. Una tensa situación que está poniendo al Gobierno de Pedro Castillo en aprietos tan solo una semana después de que el Congreso rechazara una moción de vacancia contra el presidente de izquierda.
Para intentar contener esta crisis, Castillo consiguió negociar un acuerdo con el gremio de transportistas -al que se unió el gremio de agricultores- de Junín, que exigían rebajar los precios del combustible y eliminar la competencia desleal de transportistas extranjeros, entre otras demandas.
Una delegación del Gobierno en Huancayo, la capital de Junín, logró este pacto con los representantes de los huelguistas y, desde entonces, hay una tensa calma en la región. No obstante, eso no impidió que las demandas se extendieran a otros puntos del país, como Ica -en el suroeste del país- o la propia capital peruana.
Y es que la subida del precio de los combustibles comporta también el encarecimiento de la canasta básica familiar, ya que si es más caro transportar los alimentos, también lo es su precio final para el consumidor. Algo que tiene un fuerte impacto sobre el nivel de vida del ciudadano medio en Perú, que en 2020 registró una pobreza monetaria del 30,1%.
Por eso, en el pacto con los manifestantes de Junín, el Ejecutivo también se comprometió a reducir en un 90% un impuesto de consumo y llevar al Congreso la eliminación temporal del impuesto sobre las ventas de alimentos básicos, como arroz, durante tres meses.
En esta línea, el presidente Castillo prometió aumentar el salario mínimo un 10,2% para intentar mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sin embargo, esta alza beneficiará solo a un porcentaje reducido de trabajadores, ya que Perú registra una informalidad laboral cercana al 70%, lo que supone un gran volumen de economía sumergida de la que el Estado no percibe impuestos.
Muertes derivadas de las protestas en el centro del país
Desde el inicio de las protestas, se han dado muchas denuncias de represión policial entre los manifestantes. Una versión que contradice a la proporcionada por el Ejecutivo.
«La Policía ha manejado con mucho tino. Sin embargo, se han registrado tres muertes, pero no por la Policía, sino por accidentes de tránsito y un niño que se cayó al río», sostuvo el ministro de Interior, Alfonso Chávarry, durante una rueda de prensa el domingo.
En esta línea, Chávarry también aseguró que los decesos durante las protestas no se dieron por «uso desmedido de la fuerza policial», aunque diferentes organizaciones de DD. HH. y los padres de un menor, que murió ahogado en un río de Huancayo mientras huía de la policía, no opinan igual.
«Al día siguiente (de la muerte del menor) me entero que los policías son los culpables por haber lanzado bombas lacrimógenas y ahí es cuando las personas comienzan a escapar; y mi hijo al ver a los policías intenta escapar y se lanza al vacío y un grupo llega a salvarse, pero mi hijo no», contó José Pomazunco, padre del adolescente de 13 años fallecido, al periódico ‘La República’.
Junto al menor, también falleció tras ser atropellada una agricultora y profesora que formaba parte de un piquete, y un profesor que no pudo recibir su hemodiálisis.
Junto a los manifestantes, algunos medios locales también advirtieron sobre la represión policial, con prácticas como el uso de bombas lacrimógenas contra manifestantes pacíficos.
A pesar de autodenominarse como «abanderado de la lucha social» y de su origen humilde, el presidente Pedro Castillo arremetió contra los manifestantes el jueves y aseguró que estos eran «dirigentes y cabecillas pagados» y «malintencionados».
Más tarde, el sábado, ofreció disculpas por estas declaraciones pero mantuvo que en algunas las manifestaciones «puede haber infiltrados».
«En algunas de esas declaraciones ha habido un malentendido y las tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo (…) Yo vengo de esa cantera de la lucha y sé cómo se conduce una medida de lucha, pero también hemos sentido que existen personas que a veces se infiltran a las medidas de lucha y hacen quedar mal a los buenos dirigentes», apuntó el mandatario en una conferencia con medios de comunicación el 2 de abril.
Ahora, en medio de este panorama de inestabilidad política y crisis económica, el gabinete de Pedro Castillo -reformado en repetidas ocasiones- tendrá que hacer frente al descontento social. En regiones como Junín, donde casi el 60% votó por el conocido como ‘el profesor’ en 2021, el presidente ya está perdiendo respaldo.
