La organización Human Rights Watch (HRW) llamó este martes a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Unión Europea (UE) y a los Gobiernos de la región a pronunciarse sobre el régimen de excepción adoptado en El Salvador, en el que se habrían producido violaciones de los derechos humanos.
Para la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, “no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo” en términos de derechos humanos. Así lo manifestó en una conferencia de prensa virtual de organizaciones de DD. HH. de El Salvador e internacionales.
Este régimen de excepción «abre la puerta para que se cometan graves violaciones a derechos humanos», incluyendo a la niñez, en lugar de «proteger a la población», dijo Taraciuk.
La funcionaria de HRW se solidarizó con las familias de las “víctimas de la violencia” así como también con las organizaciones nacionales de derechos humanos y con los periodistas que han sido acusados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de ser «socios de los pandilleros».
Una afirmación que genera “dificultad para ejercer el trabajo» en este territorio, cuya finalidad es “proteger a la población salvadoreña en general», agregó Taraciuk.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación al respecto. En una rueda de prensa, la portavoz de la oficina Liz Throssell, aseguró que entiende el desafío que supone la violencia de las pandillas para este país, pero que cualquier decisión debe manejarse bajo «la ley internacional de derechos humanos».
Esto, en la medida que distintas organizaciones no gubernamentales del país suramericano han denunciado violaciones a derechos humanos.
Denuncias de violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción
Organizaciones no gubernamentales de El Salvador han registrado 34 denuncias por violaciones a derechos humanos desde que entró en vigor el estado de excepción.
Abraham Abrego, de la organización no gubernamental Cristosal, detalló durante una conferencia de prensa que los casos han sido atendidos por Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario.
Abrego confesó que 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación, en la medida que la mayoría de personas afectadas han sido víctimas de “tratos crueles, inhumanos o degradantes» por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la Fuerza Armada.
El Estado de excepción en El Salvador
El pasado 27 de marzo, El Salvador invocó el estado de excepción en todo el país. La medida estará vigente un mes e incluye restricciones de libertades civiles.
El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, ordenó la ampliación de los poderes de la Policía y del Ejército en el control del orden público, algo que le permitió arrestar a unas 4.000 personas.
Además, extendió las condenas para los jefes de las bandas y permitió que los adolescentes, a partir de los 12 años, sean juzgados como adultos. Asimismo, endureció las condiciones de encierro a los más de 16.000 pandilleros encarcelados.
Todo esto, tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas el pasado mes de marzo. El ejecutivo salvadoreño atribuye estos homicidios a las pandillas, también conocidas como “maras”.
Se calcula que unos 70.000 pandilleros, la mayoría perteneciente a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, lucha por el control de las operaciones de extorsión y narcotráfico.
Ante la posibilidad de que se produzca un «éxodo» de pandilleros hacia los países vecinos, Guatemala, Honduras y México, reforzaron sus fronteras.
