La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, en unanimidad, ratificar la decisión de tutela con la cual mantuvo a finales de 2021 la calidad de imputado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado por presunto fraude procesal y soborno.
El alto tribunal negó un recurso de nulidad presentado por la defensa del exmandatario y exsenador, mediante el cual señalaba que en el proceso de discusión de la mencionada tutela se presentaron “violaciones al debido proceso y a la imparcialidad judicial”.
Como se recuerda, la defensa del expresidente Uribe había presentado un incidente de nulidad ante la Corte Constitucional en contra del fallo emitido el 10 de noviembre de 2021, que dejó en firme su calidad de “imputado” dentro del proceso que se le adelanta por presunta manipulación y presión a testigos.
En su momento, el representante del exmandatario señaló que existió una “vulneración a la imparcialidad e independencia judicial” por parte de algunos magistrados que tomaron la decisión. Según argumentó la defensa, eso representa una “vulneración a derecho fundamental al debido proceso”, por lo que se pidió anular el fallo en mención.
No obstante, la Corte negó la tutela, argumentando que la indagatoria que rindió Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, cuando era senador, es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio.
En ese sentido, la decisión implicó que el exmandatario sigue vinculado al proceso penal, formalmente imputado por fraude procesal y soborno.
A raíz de la decisión, el proceso contra Álvaro Uribe siguió su curso. Por su parte, el abogado del expresidente, Jaime Granados, presentó un recurso solicitando anular el fallo de la tutela.
Sin embargo, los magistrados rechazaron la misma bajo los argumentos de la primera vez, señalando que no hubo violación de derechos.
¿Cuándo se define el proceso?
El juzgado 28 de conocimiento de Bogotá fijó para el 27 de abril la audiencia en la que se definirá si se cierra o no el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y estafa en actuación penal.
El despacho judicial tomó la decisión el viernes 18 de marzo, tras escuchar la intervención del exmandatario, quien por cuatro horas presentó sus argumentos apoyando la petición de prescripción solicitada por la Fiscalía General.
“Me han hecho un daño reputacional, político y contra mi libertad enorme”, aseguró el exmandatario al reseñar que pese a toda la evidencia que le presentó a la Corte Suprema de Justicia en su indagatoria en octubre de 2019, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y vinculado formalmente a un proceso penal.
Uribe indicó que la única orden que les dio a sus abogados fue buscar la verdad y corroborar las versiones que indicaban que varios testigos que lo habían acusado a él y a su hermano Santiago, de ayudar a fundar y fomentar los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia, querían retractarse, debido a que habían sido presionados por el senador Iván Cepeda para que hicieran estas declaraciones a cambio de beneficios jurídicos y económicos.
“Yo nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el senador Cepeda estaba buscando a testigos, ofreciéndoles beneficios para que acusaran a mi hermano o a mí”, declaró el expresidente.
En su extensa intervención, la cual sufrió varias interrupciones puesto que para la juez se estaban hablando de temas que no hacían referencia a lo mencionado por la Fiscalía General en su petición, Uribe explicó cómo contactó al abogado Diego Cadena, las labores que le pidió ejercer y las advertencias que le hizo en más de una oportunidad.
