El pasado viernes 22 de abril, el presidente peruano, Pedro Castillo, prometió presentar un proyecto de ley al Congreso “para que en estas próximas elecciones municipales y regionales”, que se llevarán a cabo el próximo 2 de octubre, también “se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo con una nueva constitución», explicó.
De esta manera, el mandatario cumplió con una de las promesas que hizo durante su campaña electoral y después de jurar como nuevo presidente de Perú.
Castillo aseguró que su gobierno hará «llegar ese proyecto de ley» para que se comience a tramitar “de manera inmediata”, aunque reconoció que el Parlamento «tiene en sus manos esta potestad».
Esto, porque el pasado 10 de abril, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que la convocatoria a referéndum para aprobar una reforma constitucional no puede hacerse directamente ya que necesita de la aprobación de una mayoría absoluta del número legal de los miembros del Congreso de la República.
En caso proceda la elaboración de una nueva carta magna, sustituirá a la vigente, implementada en 1993 por el expresidente Alberto Fujimori.
Exmilitares exigen la dimisión de Castillo
El mismo día que Castillo anunció que presentará un proyecto de ley que le permita consultar al pueblo peruano si está a favor o en contra de una nueva constitución, se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar a un grupo de exmilitares que participaron en el rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés hace 25 años en Lima.
Este homenaje se vio opacado por las protestas que propiciaron los ex integrantes del comando contra el presidente del país inca, en la medida que su partido político, Perú Libre, ha sido señalado de tener cercanía con algunos grupos armados, como Sendero Luminoso.
Alrededor de cinco de los ex uniformados se retiraron del escenario cuando llegó el jefe de Estado y, al finalizar la ceremonia, se acercaron a la prensa para exigir su renuncia.
El ex integrante del comando, Jaime Cabrera, denunció que la memoria de las víctimas del terrorismo estaba siendo «pisoteada por este Gobierno», mientras que el exmilitar Juan Carlos Rodríguez, dijo sentirse «indignado» por la presencia de Castillo en la ceremonia.
Horas después del acto, el ministro de Defensa, José Gavidia, expresó su “rechazo” de cara al comportamiento de este grupo, ya que es una «falta de respeto» hacia los «héroes» nacionales.
El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, fue más crítico en sus declaraciones al asegurar que este desplante hacia la máxima autoridad del país inca radica en la voluntad de «algunos altos miembros» de las Fuerzas Armadas para «dar el golpe de Estado» y sacar del poder al gobernante izquierdista.
Crisis política, social y económica en Perú
Desde que Castillo llegó al poder el 28 de julio de 2021, Perú atraviesa una profunda crisis política, social y económica.
La inestabilidad dentro de su Ejecutivo, reflejado en la convocatoria de cuatro gabinetes en un periodo de nueve meses, y en los dos intentos fallidos de la oposición parlamentaria para sacarlo del poder, han marcado su agenda.
Ahora, el país andino hace frente a la inflación más alta en más de dos décadas, en medio de un aumento de los precios de alimentos, fertilizantes y combustibles. Algo que ha ocasionado protestas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
