Segundo día de audiencia del macrocaso 03 de la Justicia Especial para la Paz, también conocido como ‘Falsos positivos’. Una cita considerada histórica en el país latinoamericano, ya que con esta se pretendía esclarecer cómo el Ejército asesinó a sangre fría a 120 civiles inocentes, haciéndolos pasar por guerrilleros.
La audiencia se desarrolló en Ocaña, en la región de Norte de Santander, en la frontera colombiana con Venezuela. Este municipio es uno de los más marcados por las ejecuciones extrajudiciales en el país. Allí, militares escogieron deliberadamente a ciudadanos o bien los trajeron de otras partes del país para asesinarlos.
Un general del Ejército, otros nueve militares y un civil rindieron cuentas ante los familiares de las víctimas. Estas 11 personas fueron imputadas por el Tribunal de Paz en julio de 2021. La Justicia ordinaria los habría inculpado por los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Entre quienes testificó estaba el exsargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien relató ante decenas de familiares de víctimas cómo había atraído a jóvenes de zonas urbanas del centro del país ofreciéndoles trabajos para entregarlos a militares que los mataron. «Eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley», indicó.
💬“Me pregunto en cuál de estas casas estuvo por última vez mi hijo Daniel, convencido de que iba a trabajar (…), hasta ahora nos hemos enterado de muchas cosas. Supe muchas cosas y detalles que no sabía”, manifestó Gloria Martínez.
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También declaró el general retirado Paulino Coronado, quien reconoció haber omitido crímenes de guerra en su cadena de mando. Coronado aseguró haberse enterado que bajo su liderato, «habían traído 11 jóvenes de Soacha», pero que cuando recibió la noticia ya había pasado mucho tiempo. Las investigaciones no pudieron determinar si este general dio las órdenes directas.
“En nombre del Ejército que yo comandé (…) reconozco la responsabilidad imputada por la JEP en el auto 125 como máximo responsable de la Brigada 30”, empezó diciendo en su relato el general (r) Paulino Coronado.
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¿Una política institucional del Ejército?
Muchos familiares piden que las autoridades reconozcan que sus familiares no estaban involucrados en el conflicto. «Queremos que hoy ante este público y ante el mundo digan que nuestros familiares no eran ningunos combatientes ni guerrilleros», pedía Eduvina Becerra, una campesina quien lleva 14 años pidiendo justicia por el asesinato de su compañero, José Eliécer Ortega.
Según la JEP, un total de 6.402 ejecuciones extrajudiciales se dieron durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, quien hizo de la lucha contra la guerrilla de las FARC su bandera política. El mandatario implementó lo que se llamó la política de «seguridad democrática», que tenía el fin de acabar con el poderío de la guerrilla.
Los imputados especificaron que la mayoría eran jóvenes entre los 25 y 35 años, en su mayoría campesinos a quienes secuestraron y posteriormente asesinaron, e indicaron que se trató de una «política institucional» con el objetivo de contabilizar cadáveres para aumentar los resultados.
Otro de los imputados, el Coronel Rincón Amado, dijo que el entramado de ejecuciones fue «el desenlace de la política de seguridad democrática que para el momento y para 2007 y 2008 se estaba viviendo a nivel nacional».
Uribe, por su parte, ha asegurado que se trata de «casos aislados» y ha negado que el Ejército llevara a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato.
Se sigue pidiendo que se sepa «quién dio la orden»
Muchos de los familiares de aquellos que fallecieron en medio del entramado de los ‘Falsos positivos’ estaban sentados ante quienes reconocieron ser sus verdugos. Llevaban camisetas negras con una pregunta que llevan haciendo durante años a las autoridades: «¿Quién dio la orden?»
Una pregunta sin respuesta hasta el momento. «Le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden», dijo Carmenza Gómez, madre de una de las víctimas.
Algunos familiares expresaron su inconformidad con las declaraciones de los militares imputados, ya que todos ellos ya habían confesado ante la Justicia ordinaria, para luego pasar a declarar ante el Tribunal de Paz, que prevé otorgar penas más laxas a cambio de que se esclarezca lo ocurrido durante el conflicto.
Para muchos estas declaraciones siguen dejando sin respuestas a los familiares y no se acaba de esclarecer la cadena de mando cuando se cometieron los asesinatos. El caso 03 continuará y las víctimas seguirán pidiendo respuestas, pues estas 120 muertes son solo algunas de los 6.402 ‘falsos positivos’ contabilizados por la JEP.
