En el despacho de la magistrada Patricia Salazar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se encuentra la denuncia presentada contra la congresista María Fernanda Cabal por presuntos delitos electorales.
Salazar deberá definir en los próximos días si le abre o no una investigación en contra de la senadora electa del Centro Democrático por presuntos actos de presión a los votantes en los comicios celebrados el pasado 27 de marzo.
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez reveló el pasado 21 de junio que un funcionario y un contratista del Distrito habrían presionado a un grupo de docentes de la localidad de Kennedy para que apoyaran la candidatura de Cabal.
Según los datos revelados por el jefe del ente investigador, estas personas habrían amenazado a las profesoras con cancelarles el contrato si no votaban por la candidata.
«Les habría exigido (en referencia a los contratistas) a las profesoras de jardines infantiles de Kennedy que votarán por el candidato a la cámara Diego Caro y por María Fernanda Cabal al Senado”, señaló Martínez.
Igualmente, les pidieron una lista de los nombres de sus familiares y personas cercanas con el fin de hacer un seguimiento a sus votos. Fuentes de la Corte Suprema manifestaron que la denuncia está en trámite y que aún no se ha tomado una decisión de fondo, informó este martes la cadena radial RCN.
El abogado Elmer Montaña, quien radicó la denuncia contra la actual representante a la Cámara, aseguró que tras las pruebas reveladas por la Fiscalía, la Corte debe abrir una investigación penal.
«Es inadmisible que el Fiscal haya hecho referencia de la senadora electa María Fernanda Cabal, después de haber manifestado que un contratista exigió a unas profesoras votar por ellas a cambio de renovarles el contrato”, puntualiza la denuncia.
