Hace una semana, A través de cuenta de Twitter, la procuradora general Margarita Cabello anunció que suspendía provisionalmente al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, “por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”.
Según el ente de control, han sido varios hechos en los que se ha alertado posible participación política indebida por parte de Quintero. Sin embargo, el que desató su suspensión fue un guiño que hizo a Gustavo Petro, única campaña que habla de ganar en primera vuelta para cambiar el país. “El cambio, en primera”, dijo con picardía en un video que posteó en su cuenta de Twitter poniéndole primera al vehículo que manejaba.
En concreto, la Procuraduría le reprocha a Quintero “utilizar, al parecer, el cargo de alcalde de Medellín para, a través de medios de comunicación y redes sociales, publicar, difundir, defender y respaldar ideas afines al movimiento político Pacto Histórico de cara a la contienda electoral del año 2022, lo que implicaría la comisión de falta disciplinaria por intervención en política”. Y lista una docena de publicaciones en sus redes sociales, declaraciones que dio él mismo o personas del Pacto Histórico en la que se evidenciaría su participación en la campaña presidencial.
En el ordenamiento jurídico colombiano aún está vigente, y con “presunción de constitucionalidad”, una norma que le permite a la Procuraduría General aplicar medidas cautelares e imponer sanciones disciplinarias sobre funcionarios elegidos por voto popular.
Bajo esa tesis –ratificada en la Ley 2094 de 2021– es que el Ministerio Público ordenó la suspensión de tres meses, prorrogable por un periodo igual, de Daniel Quintero como Alcalde de Medellín por su presunta participación indebida en política electoral.
En dicha norma, que si bien está demandada ante la Corte Constitucional por supuestos vicios de trámite y de fondo aún está vigente y es aplicable, está explícita la facultad para que la Procuraduría pueda emitir decisiones como la que sacó a Quintero de su cargo y por la que está en medio de un debate sobre si tenía o no esa competencia.
El abogado, especialista en temas administrativos, Carlos Alfaro Fonseca, dialogó en el programa La Pizarra de Corrillos, con Joel Iván Barbosa, sobre si pueden ser sancionados por la Procuraduría los funcionarios elegidos por voto popular.
