Tras una reunión entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se concluyó que las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta tendrá lugar el próximo domingo, no tendrán auditoría internacional.
Aunque el CNE todavía no ha emitido un pronunciamiento oficial, algunos medios aseguran que la decisión obedece, principalmente, a falta de tiempo para seleccionar una firma auditora que cumpliera con todos los requerimientos exigidos por la legislación y la documentación requerida para ello.
“Lo que queríamos es que hubiese una garantía adicional para mayor tranquilidad de las fuerzas políticas y para terminar esa narrativa perversa de que aquí se está fraguando un golpe de estado y un gran fraude. No ha sido posible por eso estamos invitando a las fuerzas políticas que tienen sus auditores para que revisen los softwares y nombren sus testigos electorales. Todas las garantías están dadas”, dijo el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez.
Sobre el proceso de contratación de la auditoría, agregó que “no hubo tiempo para que pudieran entregar toda la documentación que se estaba reclamando. Se les pidió una oferta y tenían la disponibilidad, pero hay una serie de requisitos de orden legal y el presidente del CNE ha constatado que no lo cumplieron”.
“Hasta hoy seguimos recibiendo requerimientos de la Procuraduría para que no se haga una afectación al patrimonio porque hay una firma que fue contratada por la Registraduría. El software de Indra funciona, nuestros ingenieros lo han revisado y es transparente. Lo hemos recibido por parte de la Registraduría y doy un parte de tranquilidad a la nación porque se está cumpliendo con la labor para mejorar el proceso electoral y superar los errores del 13 de marzo”, explicó el magistrado.
La auditoría internacional para las elecciones había sido una petición del Consejo Electoral al registrador Nacional, Alex Vega, luego de los errores que se cometieron en el preconteo de la jornada electoral del pasado 13 de marzo.
Las autoridades electorales elevaron una petición al Gobierno Nacional y este, a través del Ministerio de Hacienda, destinó más de 3.000 millones de pesos para este procedimiento de vigilancia adicional.
Así las cosas, la vigilancia de la primera vuelta presidencial, prevista para el próximo domingo, seguirá en manos de las misiones de observación -nacionales y extranjeras- que estarán presentes en la jornada y de los testigos electorales que destinen las campañas de los aspirantes a la jefatura del Estado.
