El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el Plan Nacional de Política Criminal 2022 – 2025, que será la hoja de ruta en materia de política criminal para la lucha frontal y articulada contra la criminalidad y sus diferentes manifestaciones delincuenciales, orientada a la protección de los derechos de quienes integran la sociedad colombiana.
Este plan, que contará con una asignación de recursos de $42.895 millones, pretende mejorar la coordinación de la acción del Estado para garantizar su efectividad en materia de política criminal, a través de la definición de estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la población y cumplir los principios generales del derecho penal.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) esta política articula la acción del Gobierno nacional, las Ramas Legislativa y Judicial, y los organismos de control para implementar una política criminal integral, coherente con la realidad nacional, oportuna frente a las dinámicas criminales y garante de los derechos de los habitantes en los territorios del país.
Las entidades partícipes del documento son el Ministerio de Justicia y del Derecho; el Ministerio de Educación; el Departamento Nacional de Planeación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios; la Policía Nacional; la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; el Consejo Superior de la Judicatura; la Fiscalía General de la Nación; la Procuraduría General de la Nación; la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
El documento contempla estrategias encaminadas a mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado para potenciar su efectividad y oportunidad a fin de reducir el homicidio.
También, perseguir la violencia sexual y basada en género que afecta a la población más vulnerable; alcanzar mayor contundencia en la disrupción del crimen organizado; humanizar el sistema penitenciario y carcelario, garantizando la efectiva resocialización.
Además, prevenir el uso y la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales; combatir el crimen en sus diferentes manifestaciones y atacar particularmente el fenómeno de la corrupción y sus efectos.
