Durante los primeros días del mes de junio, el padre de la menor de 4 años acudió a la Defensoría Regional Santander solicitando el concurso de la Entidad ante el Hospital Universitario de Santander, con el fin de que su hija fuera dada de alta, y así poder llevarla a su hogar.
La niña permanecía en la Unidad de Quemados con quemaduras de segundo y tercer grado causadas por aceite caliente que cayó en su rostro, pecho, extremidades superiores y abdomen en un confuso accidente ocurrido en la cocina de su casa, ubicada en la vereda San Agustín del municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar. Los padres insistían en llevársela a su lugar de origen y se comprometían a realizarle las curaciones en casa.
El equipo de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría asignó por reparto el caso al abogado Pedro Trujillo Ochoa para que adelantara las gestiones defensoriales en aras proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho fundamental a la salud, dada la situación tan delicada de la menor.
El funcionario realizó visita a la entidad de salud, donde no solo conversó con los padres de la menor, sino también con el equipo médico que llevaba el caso. Se pudo corroborar que durante dos semanas la menor de edad había permanecido hospitalizada, sin haber recibido los injertos ordenados por la junta médica de cirugía plástica, en la que cuatro profesionales por unanimidad manifestaron la urgencia de realizar dicho procedimiento.
Con varias semanas hospitalizada, la niña había perdido tiempo valioso para su recuperación. Los médicos consideraban que el proceso de cicatrización no avanzaba como debía por falta del injerto y estaba en riesgo de quedar con importantes secuelas físicas y psicológicas a causa de las graves quemaduras, pero sus padres insistían en dilatar el procedimiento con la insistencia de llevarse a la menor.
En la visita que realizó la Regional Santander, sostuvieron encuentros con los directores de Urgencias, de la Unidad de Quemados, los médicos tratantes y la trabajadora social. Posteriormente, se acordó solicitar al ICBF la restitución de los derechos de la niña.
Ya con la intervención del ICBF se convenció a los padres de autorizar el procedimiento, el cual se llevó a cabo el pasado 28 de junio.
En estos momentos la niña presenta mejoría en su condición de salud y, en la medida en que avance su recuperación, será dada de alta.
