La Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) citó a responder ante este organismo al primer grupo de 14 militares dentro de la priorización del caso “No. 003 sobre el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales”, conocido como los ‘falsos positivos’ que dejó 2.586 casos registrados en diferentes regiones del país.
Entre los primeros uniformados citados para el próximo 10 de agosto ante la justicia especial aparecen un coronel, un capitán, un sargento segundo y 11 soldados profesionales.
De igual forma, fueron invitadas por la JEP cinco familiares de las víctimas de estos casos, entre ellas varias de las madres de los jóvenes de Soacha (Cundinamarca), cuyos hijos fueron reportados como falsos guerrilleros y delincuentes muertos en combate.
Por disposición de los magistrados, los familiares de las víctimas de falsos positivos serán ubicados en una sala alterna a la que fue designada para llevar a cabo la audiencia con los militares y a través de video intervendrán durante aproximadamente media hora.
De acuerdo con los 10 listados suministrados en su momento por el Ministerio de Defensa, estos casos de ejecuciones extrajudiciales involucran a un total de 1.944 miembros de la Fuerza Pública.
El expediente No. 003 es considerando de suma importancia, “dada la gravedad del caso, el impacto por la vulnerabilidad a las víctimas, la magnitud del fenómeno, su extensión, el número de los posibles responsables de las ejecuciones y la gran información que se tiene sobre este caso”.
Los informes recibidos señalan que entre los años de 1988 y 2014 se registraron 2.248 víctimas. El ‘modus operandi’ casi siempre fue el mismo, “se presentaban campesinos, habitantes de la calle o personas de bajos recursos económicos como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate”.
«Según la información recibida, el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30% se dedicaba a actividades productivas informales de las ciudades. Asimismo la Fiscalía indicó que, en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas y en una segunda etapa las víctimas fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad», precisa la documentación de la JEP.
De los postulados para este caso ante la JEP, 1.750 son integrantes del Ejército. La justicia especial indicó que un 90% de los integrantes de la Fuerza Pública que manifestaron su deseo para recibir beneficios de la JEP, lo hicieron en procesos relacionados con estas ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con los magistrados de la JEP, este fenómeno criminal ocurrió en 29 de los 32 departamentos del país, siendo Antioquia la zona donde se presentó la mayor cantidad de hechos, seguida de Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander.
Con base en los informes de la Secretaría Ejecutiva y de la Fiscalía, se pudo detectar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército Nacional (la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima), concentran cerca del 60% de los casos.
En estas unidades están involucrados, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos en la organización militar que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.
La JEP también tuvo en cuenta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional llamó la atención de este fenómeno en el marco del examen preliminar que adelanta sobre la situación colombiana, desde junio de 2004.
