La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Contraloría General de la República evaluar la pertinencia de iniciar una investigación fiscal a un proyecto de reforestación para el que destinó recursos el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, con el fin de verificar un presunto detrimento patrimonial con afectación económica para los dueños de predios, e incluso para la misma entidad, perjudicados por su mal estado fitosanitario actual y decisiones que habrían tomado de manera errónea algunos de sus funcionarios.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios visitó algunos de los lugares en los que desde 2004 se desarrolló el programa y evidenció el mal estado de las plantaciones, un alto porcentaje de mortalidad y una total desatención en los últimos cinco años sobre estas problemáticas, provocadas, al parecer, por daños fitosanitarios, volcamientos y una mala aplicación de las prácticas culturales del cultivo maderable.
De igual manera, la Procuraduría estableció que desde hace más de cuatro años propietarios en Bolívar, Cesar y Magdalena alertaron el posible incumplimiento de varias cláusulas del contrato, la falta de presentación de informes y del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en el que debían consignarse las labores para la ejecución del proyecto e irregularidades que se consignaron en un reporte de 48 páginas.
La Procuraduría solicitó a Finagro datos concisos y concretos que expliquen las razones por las que se habría incumplido y el seguimiento a las condiciones que se establecieron en los contratos firmados; de igual manera, se comprometió a vigilar las acciones de compensación por el tiempo adicional de ocupación de los predios reforestados, que ya superó los cuatro años.
