Los gremios del Cauca y Valle del Cauca denunciaron una vez más y de forma vehemente la intensificación de los ataques contra la vida, el trabajo, la libre empresa y la propiedad privada en el norte del Cauca.
En los últimos dos meses se han presentado más de 15 afectaciones a fincas en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda, acompañadas de acciones que ponen en peligro la vida de los trabajadores agrícolas y de los habitantes de esta región. Tan solo este jueves cuatro de agosto se presentaron avasallamientos en tres fincas de diferentes agricultores.
Agradecieron los gremios de los dos departamentos la disposición de la Fuerza Pública para proteger los derechos de los habitantes de la región y solicitaron al Estado colombiano avanzar de manera urgente en soluciones que protejan los derechos constitucionales de toda la población.
Asimismo, hicieron los gremios un llamado a la sociedad colombiana a que manifieste su rechazo a estas acciones de hecho, acompañadas de actos violentos, que ponen en vilo la vida e integridad de quienes trabajan por el norte del Cauca, así como la productividad y sostenibilidad de los miles de empleos que genera el sector agropecuario e industrial en esa zona y, por ende, el desarrollo social y económico de la región.
SAC se unió al rechazo
Por su parte la Sociedad de Agricultores de Colombia -SAC- y sus 22 sectores de la producción afiliados manifestaron su “respaldo a las denuncias que insistentemente han interpuesto los gremios del Cauca y del Valle del Cauca frente a las frecuentes violaciones a los derechos fundamentales a la
vida, el trabajo y a la productividad, como consecuencia de las constantes invasiones que se registran en predios dedicados a la actividad agropecuaria en estas regiones”.
Según informaron dichos gremios a la SAC y sus 22 sectores de la producción, “solo en los últimos dos meses se han registrado más de 15 afectaciones a fincas en los municipios de Padilla, Guachené, Caloto y Miranda, con las que, además, se está atentando y poniendo en riesgo la vida y la integridad de los trabajadores del sector agropecuario y los productores de alimentos”.
La SAC hizo un llamado al nuevo Gobierno para atender de manera directa esta situación, tanto desde la perspectiva social como de cumplimiento de la ley y que de esta manera se den garantías para la vida, el trabajo y la productividad de quienes reciben su sustento de las actividades agropecuarias en la región.
Así mismo, llamaron desde la SAC a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones respectivas que permitan la judicialización de los responsables de estas invasiones y se garantice la seguridad sobre la propiedad dedicada a las actividades agropecuarias.
Explicó la SAC que “la problemática social del suroccidente del país amerita la atención y trabajo conjunto del Gobierno Nacional y de todos los actores políticos, sociales y económicos de esa región del país”.
