El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se trasladó a Bucaramanga (Santander) para verificar los resultados obtenidos en uno de los ejes fundamentales definidos en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024: la lucha contra la corrupción.
En reunión con la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero; y los directores seccionales de Santander, Norte de Santander y Arauca, Oliden Riaño Acelas, Jesús Antonio Ardila León y John Fredy Encinales Lota, revisó con detalle los logros obtenidos en estos tres departamentos contra las presuntos responsables de apropiarse o poner en riesgo los recursos públicos.
Desde febrero de 2020, la Fiscalía ha vinculado formalmente a 344 personas por delitos asociados a corrupción en Santander, Norte de Santander y Arauca.
“En Santander, en el marco de nuestro direccionamiento estratégico, hemos logrado vincular a 268 personas, entre ellas, 53 alcaldes y exalcaldes”, precisó el Fiscal Barbosa Delgado.
Asimismo, señaló que en el departamento han sido presentados ante los jueces de control de garantías 115 servidores públicos de diferentes entidades, 27 particulares, 20 secretarios de alcaldías y gobernación, 11 directores, 9 tesoreros y asesores, 8 gerentes, 6 integrantes de la fuerza pública, 2 concejales, 1 juez y 1 fiscal. En este momento, 240 procesados están en etapa de juicio.
Respecto a Norte de Santander, el Fiscal General de la Nación indicó que han sido judicializadas 48 personas, de las cuales 33 son particulares y las demás funcionarios de diferentes sectores.
Finalmente, en algo más de 30 meses, 28 personas han sido vinculadas formalmente en Arauca por conductas relacionadas con corrupción. 14 de los procesados son servidores públicos y 14 más particulares.
“En la Fiscalía pensamos que la corrupción hay que perseguirla, no porque es de derecha ni de izquierda. Es la corrupción y, en ese sentido, la seguimos persiguiendo, y hablando en los territorios y en las calles con resultados”, concluyó el Fiscal General.
- 344 personas, entre alcaldes, secretarios municipales, funcionarios judiciales, integrantes de la fuerza pública y particulares han sido judicializadas por incurrir en conductas que ponen en riesgo los recursos públicos.
