La lucha de las mujeres por la restitución de los derechos a recibir una educación y acceder a un trabajo volvió a sumar un capítulo en Afganistán. Este sábado 13 de agosto, una protesta que se desarrollaba frente al Ministerio de Educación fue disuelta a tiros por orden de los gobernantes.
Casi en el primer aniversario desde la toma del poder por parte de los fundamentalistas –será el lunes-, las ciudadanas se reunieron en Kabul para movilizarse, pero fueron dispersas por hombres armados y disparos.
En un video publicado en las redes sociales, una activista afirmó que los motivos para la marcha de hoy era “elevar voces contra los talibanes”, pero detalló que apenas llegaron al lugar las fuerzas de seguridad “empezaron a abrir fuego para separar a los miembros de la manifestación”.
El retroceso en los derechos femeninos más básicos ha sido profundo, quedando al margen de las escuelas más allá del sexto grado y los espacios laborales, un contexto que generó protestas frecuentes que no son avaladas por los dirigentes, quienes detienen y agreden a las concurrentes.
Esta es la segunda que se ocasiona en los últimos diez días. El pasado miércoles 3 de agosto otro grupo de profesoras y estudiantes se quejaron en la capital afgana, alegando que la decisión “no tiene ninguna justificación en la ley islámica».
La suspensión del sistema educativo para mujeres interrumpió 20 años consecutivos desde su restitución, lograda en 2001 luego de la salida de otra administración de talibanes. La única excepción más allá del sexto año es la universidad, algo que será irrelevante cuando las chicas dejen de egresarse de la formación secundaria.
A pesar de que en 2021 habían dado su palabra de reabrir escuelas para chicas de entre 12 y 18 años apenas se hiciera una “adaptación” de los contenidos a la ley islámica, la promesa nunca se cumplió.
En marzo último, el Ministerio de Educación había anunciado que el ciclo lectivo sería para ambos géneros. Sin embargo, el mismo día de comienzo de clases, el líder supremo, Mullah Haibatullah Akhundzada, dio marcha atrás y dejó puertas afuera a miles de adolescentes.
El asunto tiene veredas encontradas entre propios miembros del movimiento. Algunos, más conciliadores y que buscan el favor del extranjero, quieren dar luz verde a que las mujeres estudien; otros, sobre todo los ancianos tribales rurales que componen la columna vertebral, son reticentes.
Esta postura intransigente adoptada por los gobernantes, que llevó a cientos de docentes a abandonar Afganistán, provocó que la educación femenina sea una práctica ilegal y que deba ejercerse en la clandestinidad.
En casas particulares, civiles se arriesgan en pos de acercarle alguna opción a los miles de niñas que quedaron marginadas de las escuelas.
“Esta situación es muy triste y preocupante”, expresó Sodaba Nazhand, una de las responsables de un colegio ilegal que se opone a la decisión gubernamental y enseña inglés, ciencias y matemáticas a alumnas con edad de secundaria.
La comunidad internacional y organizaciones a favor de los derechos humanos han sido críticos de la administración, que alegó que son razones “infundadas”. El Ministerio de Exteriores respondió que las medidas impuestas están “en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad”.
