Como parte de una campaña para «enterrarla» políticamente para siempre, calificó Human Rights Watch la nueva condena contra la derrocada líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Tras un juicio a puerta cerrada, un tribunal sentenció este 15 de agosto a seis años más de cárcel a la destituida dirigente del país, por cuatro supuestos casos de corrupción.
La corte, controlada por el Ejército que derrocó y detuvo a Suu Kyi tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, alegó que la líder política abusó de su posición para alquilar terrenos públicos a precios inferiores a los del mercado.
Además, la halló culpable de presuntamente malversar fondos de la Fundación Daw Khin Kyi, que ella fundó para promover la salud y la educación en su país. Según el fallo, Suu Kyi habría desviado donaciones destinadas a fines benéficos para construir una vivienda.
Suu Kyi rechaza todas las acusaciones en su contra y calificó la nueva sentencia de «absurda». A sus abogados se les impidió discutir el proceso debido a una orden de silencio.
«Es un ataque masivo contra sus derechos y parte de la campaña para enterrarla a ella y a la NLD para siempre», aseguró Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, en referencia al partido derrocado, la Liga Nacional por la Democracia.
Podría ser condenada a hasta 190 años de cárcel
La sentencia publicada el lunes 15 de agosto se suma a otros once años de cárcel a los que Suu Kyi fue condenada en juicios separados, bajo cargos de sedición y corrupción.
Sin embargo, la mujer de 77 años, que se encuentra recluida en régimen de aislamiento en una cárcel de la capital, Naipyidó, ha sido acusada de al menos 18 delitos que van desde corrupción hasta violaciones electorales, lo que conlleva penas de cárcel máximas combinadas de casi 190 años.
Anteriormente, el portavoz del gobierno militar, Zaw Min Tun, afirmó que Suu Kyi está recibiendo el debido proceso por parte de un poder judicial «independiente» y rechazó las críticas de la comunidad internacional a las que considera una «interferencia».
Detenida por el Ejército que defendió en los últimos años
Suu Kyi es hija de Aung San, el fallecido líder de la campaña de la independencia de Myanmar de las colonias británicas. Tras adentrarse en la política, fue puesta bajo arresto domiciliario en 1989 y pasó varios años privada de la libertad bajo orden del Ejército.
En la década de los 90 recibió varios galardones internacionales. Entre ellos el Premio Nobel de Paz, el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, entregado por el Parlamento Europeo, y el Premio Embajadora de Conciencia, de Amnistía Internacional. Sin embargo, estos dos últimos le fueron retirados posteriormente.
Durante el tiempo que Suu Kyi compartió el gobierno con la institución castrense recibió fuertes críticas por no actuar frente al genocidio del Ejército del país contra los rohingyas, la etnia minoritaria musulmana en un país de mayoría budista.
En diciembre de 2019, incluso defendió a su país de las acusaciones ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, al calificar el caso de «incompleto e incorrecto».
Tras las elecciones de 2015, Suu Kyi y los militares compartieron el poder durante cinco años y, en ese breve periodo, impulsó intentos de reformas hacia la democracia.
Pero la institución castrense, que ha gobernado la nación durante cinco de las últimas seis décadas, volvió a tomar el poder absoluto y a la fuerza el 1 de febrero de 2021, después de que el partido político de Suu Kyi ganara las elecciones generales del 8 de noviembre de 2020, frente a los candidatos del Ejército.
Desde entonces, el destino de Suu Kyi volvió a quedar en manos de los militares y el país atraviesa por una crisis, en la que miles de personas han sido encarceladas, muchas torturadas, golpeadas o asesinadas. Acciones que la Organización de Naciones Unidas (ONU) cataloga como crímenes contra la humanidad.
