Por los presuntos delitos de constreñimiento al sufragante, perturbación al certamen democrático, corrupción de sufragante y concierto para delinquir; un juez de Conocimiento ratificó la medida de aseguramiento contra el alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano.
Los cargos hacen parte del sonado caso de las elecciones de la revocatoria de su mandato, el 2 de julio del año pasado, que según la MOE, se le impidió a los ciudadanos participar de la contienda electoral.
Echeverri debió comparecer en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, tras su captura el 6 de febrero de este año. En ese momento le fue dictada medida de aseguramiento domiciliaria, pero en abril recobró la libertad.
Pero el 23 de mayo de nuevo le fue decretada la medida de casa por cárcel y, tras su comparecencia el miércoles en la tarde, se le ratificó la medida de aseguramiento. Según la normatividad, el gobernador de Santander, Didier Alberto Tavera Amado tendrá que nombrar a un nuevo alcalde encargado o ratificar –según su potestad- a la actual mandataria encargada Francy Álvarez.
La Fiscalía General de la Nación también ordenó la captura de Mariluz Núñez, primera dama de Barrancabermeja, con medida de detención domiciliaria. Y dejó en firme la medida de aseguramiento contra Diego Acosta, exgerente de Eduba; Cristian Juliao, exdirector de Inderba y John Jairo Moros, exconcejal del Puerto Petrolero.
El otro proceso
Además del escándalo por los delitos contra el sufragante, Echaverri también tiene otro grave proceso. El pasado 8 de agosto, el Juzgado Primero Penal de Barrancabermeja con funciones de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento, consistente en prisión domiciliaria, al alcalde y a dos personas más vinculadas en el caso denominado ‘Niños Fantasmas’.
El proceso hace referencia con un escándalo por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación suscrito entre la Secretaría de Desarrollo de Barrancabermeja y la Fundación para el Desarrollo Social y Científico de Colombia (Fundesocol).
Sobre la ejecución de este convenio se determinó que el primer mandatario, la secretaria de Desarrollo de ese entonces, Jenny Ruidíaz Muñoz, y el director de Fundesocol, Ezequiel Mattos, incurrieron en celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales, peculado e interés indebido en la celebración de contratos.
Por ello, la justicia decidió que estas tres personas deben estar privadas de la libertad y les fue notificada la medida de detención domiciliaria. Los hallazgos de la Fiscalía frente a este caso determinaron que se firmó un contrato por más de $1.000 millones, que no solo no se ejecutó en su totalidad, sino que en desarrollo del mismo fueron falsificadas las identidades de más de 3.000 niños en Barrancabermeja.
