«Estoy sumamente emocionado de volver. Realmente estar aquí, compartiendo con nuestra familia (…), nos llena de emoción», dijo a la televisión estatal uno de los tripulantes, el capitán Vicente Raga, después de que el avión que los transportó aterrizara en el aeropuerto internacional de Maiquetía, a unos 25 kilómetros de Caracas.
El martes, la justicia argentina autorizó la salida de 12 de los 19 tripulantes de la aeronave retenida, de la aerolínea Emtrasur, filial de la estatal venezolana Conviasa, sancionada por Estados Unidos.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata convalidó la decisión del juez Federico Villena, que levantó el 1 de agosto la prohibición de salida de Argentina que pesaba sobre once tripulantes venezolanos y uno iraní, según una sentencia divulgada por la prensa.
«Una parte de nosotros se quedó allá, con los compañeros que no vinieron, pero esperamos que pronto estén de vuelta», agregó Raga.
Todavía tienen prohibido salir de Argentina cuatro iraníes (entre ellos Gholamrez Ghasemi, acusado de pertenecer a la fuerza Al Quds) y tres venezolanos.
«Estamos celebrando la llegada de nuestros primeros 12 tripulantes de nuestro avión Emtrasur. Son ejemplo de ética, de fortaleza y de lucha», manifestó el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en una recepción preparada por el gobierno, que califica la situación vivida en Argentina como «un secuestro».
El Boeing 747 de Emtrasur llegó a Argentina el 6 de junio, procedente de México, con una tripulación venezolano-iraní y una carga de autopartes.
Sin poder abastecerse de gasolina en Buenos Aires debido a las sanciones estadounidenses, el avión partió hacia Uruguay el 8 de junio, pero las autoridades uruguayas le negaron el ingreso y debió regresar al aeropuerto argentino de Ezeiza. La justicia inició entonces una averiguación y prohibió salir del país a la tripulación.
El aparato fue comprado hace un año a la aerolínea iraní Mahan Air.
A mediados de agosto, el juez Villena admitió un pedido de Estados Unidos para incautar el Boeing 747, en atención a una orden de una corte de distrito de Columbia, según la cual «se violaron las leyes de control de exportación» estadounidenses cuando el aparato fue vendido.
