Una eventual reapertura total del paso, tanto peatonal, como terrestre, entre Colombia y Venezuela, podría acabar con un negocio al que lo informal no le quita lo boyante: el de los llamados silleros, que transportan pasajeros con movilidad reducida entre un lado y otro del puente internacional Simón Bolívar.
Óscar Cardoza es uno de ellos. Caraqueño, jubilado de la Universidad de Venezuela, hace siete años encontró su sustento en el sitio conocido como La Parada, del lado colombiano de la frontera.
“Por la misma necesidad de las personas de transportarse de San Antonio (Venezuela) a La Parada (Colombia) y de La Parada a San Antonio. Desde el cierre de la frontera, no había manera de pasar y había que hacerlo a pie”, dijo.
El paso fue sellado en 2015 por orden del presidente Nicolás Maduro, luego de un ataque a una estación de policía. Desde entonces, la frontera ha estado abierta solo para peatones, pero con intermitencias y restricciones de horario.
Optimismo discreto en la frontera
Un halo de optimismo se respira en Villa del Rosario, un municipio de menos de 100.000 habitantes del que La Parada es su punto más dinámico, ya que alberga el principal puesto fronterizo entre los dos países.
Fue clave en aquellos tiempos de independencia colombiana, y lo es hoy, dos siglos después, pues allí confluyen política, social y económicamente, los habitantes de lado y lado de la frontera colombo-venezolana.
El 26 de septiembre de 2022, en medio de lo que los gobiernos de ambos países han catalogado como una normalización definitiva de relaciones diplomáticas y comerciales, un puñado de camiones de carga traspasó esa frontera por primera vez en siete años.
Fue, para muchos, apenas el primer paso en un proceso más amplio que incluirá, según han prometido las autoridades, el restablecimiento del tránsito vehicular particular e intermunicipal, así como la libre circulación peatonal. Pero el camino está plagado de retos.
Hasta el momento, ni los mandatarios ni otros funcionarios de ambas naciones han dado detalles sobre cómo será el tránsito de camiones, ni tampoco cuáles serán las regulaciones sobre el intercambio comercial.
Algunos exportadores colombianos han expresado que les preocupan varios aspectos de la relación bilateral, como los pagos y el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias por parte de su contraparte venezolana.
Del lado peatonal, quienes habitan una frontera casi invisible piden a gritos que la apertura sea completa y definitiva, es decir, sin restricciones de horarios.
Por 10.000 pesos colombianos (menos de dos dólares) por trayecto, Óscar Cardoza moviliza entre cinco y seis pasajeros por día. Ahora que sus clientes abrazan la posibilidad de una reapertura total que incluya vehículos particulares, dice que no teme perder su empleo.
“Mi patria lo necesita, no importa que el trabajo se pueda acabar por aquí por la frontera. Algo nos inventaremos”, concluye Óscar, mientras espera, paciente, su turno entre diez silleros para ayudar a quienes llama “patrones” a cruzar uno de los tantos caminos de una frontera que se extiende a lo largo de más de 2.200 kilómetros.
