La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Dijín, desarticuló una red de corrupción al interior de la Dian que ofrecía a las empresas borrar sus deudas en el sistema a cambio de dinero.
Las investigaciones para desarticular la red, que operaba en Bogotá y Cundinamarca, comenzaron en 2016 tras la denuncia de un contribuyente, quien advirtió que un funcionario le solicitó dinero a cambio de modificar una decisión de su expediente por mora en el pago de los impuestos de su empresa.
En ese momento las autoridades iniciaron el rastreo de las operaciones de la red y, en la primera fase de la investigación, descubrieron el cobro de 250 millones de pesos Spai-Sons Pharmaceutical, empresa de cosméticos, para evitar el pago de 2.500 millones a la Dian.
Por este caso fueron capturadas nueve personas, de las cuales cinco son funcionarios, un exfuncionario y tres particulares.
“Los funcionarios, al parecer cobraban entre 100 y 600 millones de pesos a cada contribuyente para exonerarlos del pago de obligaciones y modificar sanciones a las empresas o personas naturales que registraban mora en la Dian”, aseguró José Alberto Salas Sánchez, director de anticorrupción de la Fiscalía.
Sin embargo, hay 77.000 procesos similares, por lo que habría un detrimento patrimonial de más de cuatro billones de pesos.
“Hay una modalidad fuerte que se seguirán investigando con la Fiscalía, donde encuentran prescritos, especialmente los funcionarios de impuestos y aduanas nacionales de Bogotá, aproximadamente 77.000 procesos de cobro en la ciudad de Bogotá a diferentes empresas, las cuales generaban un detrimento patrimonial al Estado por un momento aproximado de 4 billones de pesos”, explicó el coronel Wilson Pardo, subdirector de la Dijín.
Los funcionarios detenidos son: Ernesto Miguel Trillo, quien sería el jefe de la organización, Sandra Viviana Zorro Rodríguez, Jackeline Castillo Parra, José Manuel Triana Medina, Marco Aurelio Cuervo Muñoz, todos de la unidad de Cobranzas. Además, del exfuncionario Javier Iván Lobo Ojeda.
Por otra parte, los particulares son: Ernesto Ponce de León Cárdenas, representante legal de Spai-Sons, Roberto José Salcedo Cantillo, gerente financiero de Spai-Sons y Miguel Carbó Marceles, un comerciante de Barranquilla quien habría facilitado cuentas bancarias para realizar los pagos y quien tiene relación familiar con uno de los servidores.
Los detenidos serán presentados este jueves ante un juez de control de garantías, donde se les imputarán delitos como cohecho propio y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento.
