La maratónica jornada del mundo político de Perú comenzó con Pedro Castillo como presidente y, pasado el mediodía, tiene una nueva figura máxima al mando del control del país. Este miércoles 7 de diciembre, horas después de que Castillo fuese destituido por el Congreso, la vicepresidenta Dina Boluarte se erigió como jefa de Estado, siguiendo con la cadena de sucesión.
La abogada será la encargada de liderar esta etapa de transición que sucederá en la nación del Pacífico hasta que se celebren nuevas elecciones abiertas y democráticas, las cuales no tienen fecha y podría ser recién al final del actual mandato.
Boluarte juró “por Dios, la Patria y la Constitución” ante el hemiciclo y es la primera mujer en ocupar el cargo más importante de Perú. En sus primeras palabras, afirmó que asume hasta el 28 de julio de 2026, día en el que finaliza el vigente período.
En tanto que también afirmó que defenderá la soberanía nacional y que “cumplirá y hará cumplir” la Constitución. “Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros”, agregó.
Para lograr una estabilidad en Perú, Boluarte pidió que haya una unidad entre los diferentes actores políticos, que se pacte una tregua y llamó a que se abran los canales de diálogo con el objetivo de terminar con la corrupción.
La ceremonia realizada en el Congreso legislativo contó con la presencia de diputados, altos mandos del Estado y de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, las últimas semanas de la nueva presidenta tampoco fueron calmas. Hasta la anterior, también era la encargada del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero fue desplazada en el cambio reciente de gabinete.
Boluarte también estuvo apuntada por la oposición. Hasta el lunes tuvo un proceso abierto para suspenderla del ejercicio de cargos públicos por ser paralelamente presidenta de un club privado mientras era ministra. Pero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento optó por dar de baja a denuncia.
El SAC también archivó dos denuncias que instaban a una inhabilitación de la nueva presidenta por una presunta infracción de la Constitución y una acusación ante la Fiscalía por delitos de negociación incompatible, aprovechamiento del cargo y abuso de autoridad.
