El 5 de noviembre de 2015 el dique minero Fundao, cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el estado de Minas Gerais, se rompió liberando casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.
El tsunami de lodo recorrió 650 km por el Rio Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en el hábitat ancestral de los Krenak.
Más de siete años después, «no pueden pescar, no pueden utilizar el agua del río que cruza sus tierras», explica Ana Carolina Salomão, del gabinete de abogados Pogust Goodhead, responsable de la demanda colectiva en el Reino Unido.
«Pero es mucho más que eso», asegura, porque «ellos conciben al río como su dios». «Como consecuencia de la muerte del río, como ellos lo ven, a causa de este desastre, no pueden celebrar eventos sociales clave para sus vidas, relacionados con nacimientos, bodas y rituales de paso», subraya.
«Su incapacidad para transmitir su tradición cultural a las nuevas generaciones está dañando su autoestima y su propia salud mental», agrega, precisando que cinco líderes indígenas viajarán al Reino Unido para las vistas, previstas el martes y miércoles en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres.
El dique pertenecía a Samarco, una empresa conjunta de la brasileña Vale y la angloaustraliana BHP-Billiton, que cotiza en las bolsas de Sídney y Londres.
Las mineras defienden que «hasta la fecha, se han desembolsado cerca de 25.000 millones de reales (4.700 millones de dólares) a través de la Fundación Renova», que gestiona la reparación y compensación.
«De ellos, ya se han pagado más de 11.500 millones de reales en indemnizaciones y ayudas financieras de emergencia a más de 400.000 personas», dijo a la AFP un portavoz de BHP en Londres.
Pero «los sistemas de indemnización de Brasil son insuficientes para reparar el daño causado a nuestros clientes y la mayoría de ellos aún no ha recibido nada», asegura Salomão, cuya firma representa a más de 200.000 individuos y comunidades, empresas, asociaciones religiosas y municipalidades en Brasil.
La fiscalía de Minas Gerais estima que hubo unos 700.000 damnificados por el desastre.
Cuatro años de calvario judicial
Existen acciones judiciales en curso en Brasil pero sus «mecanismos legales son insuficientes para gestionar este tipo de casos», según Salomão, «porque la litigación colectiva en Brasil no está tan desarrollada como en Inglaterra».
Por este motivo, su gabinete lanzó en noviembre de 2018 en un tribunal de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, una de las mayores demandas presentadas en la historia judicial británica, reclamando unos 5.000 millones de libras (6.000 millones de dólares) en daños y perjuicios.
Fue el inicio de cuatro años de calvario.
El juez de primera instancia estimó que los demandantes no tenían derecho a litigar en Inglaterra y estaban abusando del sistema. Se les negó el derecho a recurrir y el caso fue cerrado en 2020.
Pero no se dieron por vencidos y en 2021 presentaron una inusual moción para reabrir el caso.
No solo lograron poder apelar el fallo inicial, sino que ganaron el recurso, obteniendo en abril de 2022 el reconocimiento de que los tribunales ingleses son competentes en este caso multijurisdiccional.
Tras las vistas de esta semana, que estarán centradas en cuestiones técnicas, los demandantes esperan que la Alta Corte fije una fecha para el inicio del juicio en 2023.
Sin embargo, su anhelo aún podría verse frustrado por BHP, que pidió autorización al Tribunal Supremo británico para recurrir la jurisdicción.
El grupo, que «niega las acusaciones en su totalidad», considera que «la demanda colectiva es innecesaria ya que duplica cuestiones cubiertas por la labor de la Fundación Renova (bajo supervisión de los tribunales brasileños) y otros procedimientos legales en Brasil», afirmó su portavoz londinense.
Aun así, el 2 de diciembre presentó un reclamo judicial contra Vale por el cual, si la justicia inglesa los condena a indemnizar a las víctimas, su socio brasileño «debería contribuir» al pago.
En un acuerdo a raíz de otra demanda colectiva, en agosto de 2018 BHP indemnizó con 50 millones de dólares a sus accionistas en Estados Unidos por la pérdida de valor de sus acciones.
