«Respetamos el derecho a la protesta pacífica de la población, pero el mensaje de la mayoría es que no queremos que nuestro país siga en la inestabilidad (…) queremos vivir en paz», dijo Boluarte el viernes en una ceremonia oficial.
De 60 años, es la primera mujer en gobernar Perú y la sexta persona en ocupar la presidencia en cinco años, en un país que vive en una permanente crisis política salpicada de denuncias de corrupción.
Boluarte se comunica en quechua con miles de peruanos que piden su renuncia en zonas rurales, campesinas e indígenas del sur del país, y que tienen a este idioma ancestral como lengua materna.
Las manifestaciones estallaron el 7 de diciembre, luego que Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el gobierno en reemplazo del izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado que derivó en su detención por rebelión.
La gobernante, quien se considera de izquierda, es vista como «traidora» por las comunidades que apoyan a Castillo. Los sectores de derecha que antes promovían su caída, ahora la respaldan.
Para contener la primera arremetida de protestas, Boluarte autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, bajo un estado de emergencia.
En diciembre, 22 personas murieron en enfrentamientos, varias de ellas baleadas en choques con militares.
El gobierno denuncia una estrategia organizada para atacar los activos críticos del país, como aeropuertos, y asegura que es promovida en parte por personas ligadas a la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en el Perú entre 1980-2000.
El grueso de los manifestantes, de zonas con amplias demandas sociales, rechaza esa acusación.
La Fiscalía investiga a la gestión de Boluarte por las muertes, bajo cuestionamientos de un uso excesivo de la fuerza y denuncias de asesinatos de personas que no protestaban.
«Gobierno débil»
Las manifestaciones piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
Tras una tregua por fiestas de fin de año, las protestas se reactivaron el miércoles en al menos 27 de las 195 provincias del país, una menor proporción respecto de diciembre.
Estas ocurren en Cusco, Puno, Madre de Dios (sureste) Ica (suroeste), Apurímac (centro sur), Moquegua, Tacna (sur), Huánuco, Junín (centro) y Cajamarca (norte). Son sectores donde Castillo, un maestro rural, tiene apoyo.
Este viernes en Puno, foco de la mayoría de protestas, hubo choques cerca del aeropuerto que sirve a esa región que fueron repelidos con gases lacrimógenos. La terminal aérea permanece cerrada por mantenimiento, dijo el Ministerio de Transporte.
«El gobierno de Boluarte es extremadamente débil, como demuestra el hecho de que recurra a la fuerza. Desde el comienzo se equivocó en las alianzas al acercarse a las fuerzas que no solo perdieron las elecciones, sino que se negaron a reconocerla», dijo el politólogo Alonso Cárdenas.
«Ha amainado la respuesta dura militar (…) pero el Gobierno ya está seriamente afectado por su pecado de origen», agregó.
Llamado al diálogo
Boluarte convocó la próxima semana al «Acuerdo Nacional», un foro que reúne a los poderes del Estado, sociedad civil, agrupaciones religiosas, gremios empresariales y trabajadores.
«Abordaremos los temas urgentes para lograr la paz social», comentó.
En un intento por amainar la crisis, el Parlamento aprobó el adelanto de elecciones de 2026 para abril de 2024. Pero no ha sido suficiente.
«Boluarte tendrá que negociar sobre elecciones anticipadas (…) y referendo sobre Asamblea Constituyente» para reformar la Constitución de 1993, otro pedido que no encuentra consenso, comentó el cientista político Alberto Adrianzén.
«Si no hace ese giro, continuará presa de los sectores más duros de la derecha (…) Para lograr esos cambios tendrá que acercarse a la población y a los sectores moderados del Congreso», agregó.
«Si no hace esos cambios, podría ser sacada del cargo, por una renuncia o por vacancia», consideró Adrianzén.
Bolivia y México
Perú responsabiliza al expresidente de Bolivia Evo Morales, aliado de Castillo, de azuzar las protestas en Puno y evalúa si permite que ingrese al país, tras una visita a esa región el año pasado.
Las autoridades dicen que han identificado a cinco bolivianos como instigadores.
El gobierno de Boluarte ha llamado en consulta a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia, cuyos gobiernos respaldan a Castillo. Este viernes cesó a su representante en La Paz, que había sido nombrada por el gobierno anterior.
Tras la detención de Castillo, su esposa, Lilia Paredes, y sus dos hijos se asilaron en México, generando una crisis diplomática con Perú, que pidió al embajador mexicano retirarse del país.
La fiscalía peruana pidió este viernes 36 meses de prisión para Paredes, investigada por integrar una supuesta organización criminal que traficaba influencias en el gobierno de su esposo.
