En el tercer día de paro nacional en Perú, el descontento parece no aflojar. Este viernes, las autoridades reportaron casi 60 puntos con «tránsito interrumpido» en todo el país. Y es que, a pesar de que el número de manifestantes ha bajado levemente, no parece que estos vayan a volver a conceder una tregua como la de Navidad por el momento.
Repartidas por todo el país, las protestas tienen especialmente peso en las regiones de Cuzco y Puno -fronteriza con Bolivia-, donde más descontento se ha acumulado.
Bloquean carreteras, impiden la circulación de automóviles, muestran sus exigencias en carteles y, sobre todo, tienen un demanda común: la dimisión de la recién estrenada presidenta Dina Boluarte.
«No somos terroristas», reza una de los pancartas que cargan los manifestantes en Ica, la capital del departamento con el mismo nombre.
Y es que muchas personas de derechas tachan a los manifestantes o a cualquier persona con pensamiento de izquierda de «turrucos» -sinónimo de terroristas-, para desacreditar sus luchas.
«La gente unida, nunca será vencida», corea la multitud en medio del bloqueo.
Pero los que han salido a las calles no se identifican ni de lejos con terroristas. La mayoría se sienten engañados con las promesas políticas y la incesante crisis institucional que atraviesa el país. Muchos se sienten abandonados.
Las demandas: ¿qué quieren los manifestantes?
El descontento en Perú viene de largo. El país arrastra una crisis institucional y social que se remonta a antes de los últimos dos mandatos presidenciales. Pero, ¿qué piden exactamente todos los ciudadanos que han salido a las calles a protestar?
En el plano social, las demandas más repetidas durante las manifestaciones fueron una mayor redistribución de la riqueza, y más atención a la agricultura y a las regiones del sur, que se sienten desamparadas.
«El motivo del paro es la extrema pobreza que existe. El Perú es rico en todo, minería, gas, turismo y, más que todo, el Cuzco representa el turismo, pero Lima se lleva todo el presupuesto y no viene casi nada para el Cuzco», dijo uno de los manifestantes.
En lo político, exigen adelanto de elecciones, una nueva Constitución, el cierre del Congreso y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre por sucesión constitucional tras Pedro Castillo. También exigen la liberación del expresidente de izquierdas, en prisión preventiva por 18 meses tras ser acusado de rebelión por intentar disolver el Congreso y ser destituido en el intento.
Boluarte, por su parte, sigue llamando al «diálogo» y este viernes convocó a organizaciones políticas, sociales y religiosas, gremios empresariales e instituciones del Estado para intentar acabar con las protestas.
«Desde el Ejecutivo les tendemos la mano y el corazón, nosotros vamos a sus regiones o ustedes vienen a la casa de gobierno para poder poner sobre la mesa y conversar sobre aquello que los lleva a la calle a protestar y, de una vez, pongámosle fin a estas marchas de protesta», sostuvo la mandataria en un mensaje dirigido a la nación.
Pero sentarse a hablar no será fácil. A pesar de que la mandataria ha asegurado tener voluntad de fortalecer la democracia, responder a las demandas ciudadanas y combatir la corrupción, muchos no confían en ella. La mayoría de los manifestantes no quiere sentarse a hablar con ella por considerar su cargo como ilegítimo.
Una crisis social y política
En medio de este terremoto social, la crisis política escala paralelamente en la nación sudamericana. La Fiscalía anunció este viernes que adelantará diligencias preliminares sobre las denuncias presentadas contra la presidenta, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola y quien en diciembre ejercía como el ministro de Defensa.
El Ministerio Público primero verificará si existe delito o no vinculado a los políticos en la muerte de las 28 personas durante manifestaciones que ha habido en Perú desde que Castillo fue apresado el 7 de diciembre de 2022. Después de dicha diligencia, la Fiscalía determinará si archiva las denuncias y avanza a una investigación preparatoria.
Boluarte, Otálora y otros funcionarios tienen denuncias constitucionales en su contra, presentadas por la congresista progresista Ruth Luque ante el Congreso. Ella acusa a los miembros del Ejecutivo de ser los supuestos autores mediatos de los homicidios.
Por otra parte, también este viernes, el fiscal Jorge García Juárez anunció su pedido de prisión para la ex primera dama Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo y que está asilada en México desde el 21 de diciembre, mientras es investigada por un caso de presunta corrupción.
Paredes y sus hermanos son sospechosos de asociación ilícita en organización criminal que, según la Fiscalía, encabezaba el exmandatario para obtener beneficios de licitaciones de obras públicas de forma ilegal. Tanto Castillo como Paredes han negado las acusaciones y sostenido en todo momento que son víctimas de una «caza de brujas».
Una inestabilidad política que ha contribuido al estallido de malestar social. Y, a medida que las protestas siguen, la comida empieza a escasear en Perú. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego reportó que el abastecimiento cayó en 19.2% en el principal mercado de Lima, la capital, en comparación con el último mes.
También se informó que hay desabastecimiento de papa, que cayó en un 29% respecto al viernes anterior. Una situación que podría ir a peor si el Gobierno no consigue establecer un diálogo con los manifestantes.
