Casi 20 años después de que isleños caribeños demandaran al gobierno francés para exigirle responsabilidades penales por el uso prolongado de la clordecona (un pesticida prohibido por la industria bananera en Martinica y Guadalupe), un panel de jueces franceses desestimó su caso. Esto implica que no habrá un juicio, al menos por ahora.
En un auto firmado el lunes 2 de enero y de más de 300 páginas, dos magistrados de instrucción de la sala de salud pública y medio ambiente del Tribunal Judicial de París pusieron fin a esta información judicial abierta en 2008. Esta decisión no se conoció hasta este jueves por una fuente cercana al caso, y fue confirmada por una fuente judicial.
Los jueces de París reconocieron que el uso de la clordecona entre 1972 y 1993 era escandaloso y lo catalogaron como un «atentado medioambiental cuyas consecuencias humanas, económicas y sociales afectan y afectarán durante muchos años a la vida cotidiana de los habitantes» de las dos islas francesas del Caribe.
Pero sostuvieron que no se pudo establecer que el pesticida fue el que provocó los daños a la salud. Uno de los principales argumentos del Tribunal para no hacer un juicio en este caso es que el «estado de los conocimientos técnicos o científicos» a principios de los años 90 «no permitía» establecer «el nexo causal cierto que exige el derecho penal». En otras palabras, argumentan que los riesgos del insecticida no se establecieron científicamente durante los años en los que se utilizó en las Antillas francesas y que, ante esa ausencia de conocimiento, no se puede juzgar ahora.
Los jueces de París también afirmaron que era muy difícil determinar quién era el responsable por los hechos «cometidos 10, 15 ó 30 años antes de la interposición de las denuncias»; ya que la primera demanda fue interpuesta en 2006.
Pero la sentencia fue rechazada por la defensa de los isleños. «¿Cómo se atreven a escribir semejante falsedad histórica y científica?», declaró el jueves Christophe Lèguevaques, abogado implicado en el caso.
En 2006, varias asociaciones de Martinica y Guadalupe presentaron una denuncia por envenenamiento, por poner en peligro la vida de otras personas y administrar una sustancia nociva. Pero el 25 de noviembre de 2022, la fiscalía de París solicitó el desistimiento del caso, por considerar que los hechos habían prescrito, en particular en lo relativo al envenenamiento. También señaló que los posibles crímenes no estaban amparados por la ley. Y esta semana, finalmente, la justicia francesa se pronunció a favor de no llevar el caso a juicio.
Esto a pesar de que un estudio del mismo gobierno francés, publicado en 2017, encontró que más del 90% de las personas que hicieron parte de los análisis epidemiológicos y que viven en Guadalupe y Martinica se encontró clordecona.
¿Qué es la clordecona y cuáles son sus consecuencias?
La clordecona, también conocida como kepone, fue patentada en la década de 1950 por científicos que trabajaban para Allied Chemical, una empresa estadounidense con sede en Nueva Jersey, que ahora se llama Allied Corporation. Desde entonces, se produjeron millones de kilos del pesticida, casi todos exportados para su uso fuera de Estados Unidos.
El gobierno estadounidense prohibió la clordecona en 1976, un año después de que el departamento de sanidad del estado de Virginia cerrara permanentemente una planta química de Life Science Products en la ciudad de Hopewell, ya que los trabajadores de la compañía desarrollaron problemas de dicción y otros daños neurológicos asociados con el pesticida.
Sin embargo, la clordecona se comercializó legalmente en Francia desde 1981 hasta que el gobierno la prohibió en 1990, y su uso continuó durante tres años más en Guadalupe y Martinica para matar el gorgojo del plátano. Esto se permitió a través de una exención concedida por el gobierno francés. Décadas después, sigue contaminando el suelo y el agua de las islas.
Entre una serie de dolencias, la clordecona se asocia con un mayor riesgo de cáncer de próstata, y estos isleños sufren cáncer de próstata en una de las tasas más altas del mundo, según una investigación francesa publicada en el Journal of Epidemiology and Global Health en 2022.
El estudio afirma que hay una tasa de incidencia de 173 casos nuevos de cáncer de próstata por cada 100.000 personas al año en Guadalupe y de 164,5 casos en Martinica. Ambas muy por encima del promedio de 88 casos que se presentan en la Francia metropolitana.
Incluso, desde el 2021, la Agencia Francesa de Seguridad y Salud Alimentaria, Ambiental y Ocupacional (Anses, por sus siglas en francés) reconoció el cáncer de próstata como una enfermedad profesional en los trabajadores agrícolas de las Antillas francesas. Y aceptó que había un «vínculo probable entre la exposición a pesticidas y la aparición de cáncer de próstata».
Otras investigaciones francesas relacionan la exposición a la clordecona con los nacimientos prematuros.
“Una denegación de justicia”
La decisión era temida por los cargos electos y los habitantes de Martinica y Guadalupe, que han denunciado regularmente un riesgo de «denegación de justicia». Varias partes civiles anunciaron entonces que recurrirán la sentencia y la destitución de los jueces de instrucción.
“Los abogados tienen la intención de continuar el procedimiento, es decir, de impugnar esta decisión. Van a recurrir, si el recurso no va a nuestro favor, impugnar ante el Tribunal de Casación y acudir si es necesario ante las autoridades europeas», aseguró Philippe Pierre-Charles, miembro del colectivo Lyannaj pou Depolyé Matinik.
«Es impensable que los responsables mueran sin rendir cuentas», declaró el abogado Christophe Lèguevaques, quien añadió que instaría a sus clientes a recurrir la sentencia.
Otros demandantes en el caso de 2006 son el grupo ecologista Générations Futures, con sede en París, que también tiene previsto apelar. «Esta decisión, aunque representa una gran decepción, no es una sorpresa», dijo el grupo en un comunicado el viernes, prometiendo seguir representando a los afectados hasta que «la verdad salga a la luz y se haga justicia por fin».
Desde el anuncio de estas requisas, se han reanudado las manifestaciones y concentraciones en Martinica, tras las miles de personas que se manifestaron en Fort-de-France en febrero de 2021.
