Violencia, descontento social en aumento y un Congreso que se resiste a abandonar el poder. Juliaca, una ciudad en el sur de Perú y cerca a la frontera con Bolivia, es el más reciente escenario de extrema violencia en medio de las protestas que exigen elecciones anticipadas, tras la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Al menos 18 personas murieron, incluidos dos adolescentes, y 68 resultaron heridas el lunes 9 de enero, la jornada más letal desde que el país sucumbió de nuevo por la inestabilidad política.
Además, una recién nacida falleció en una ambulancia debido a que los bloqueos de las carreteras impidieron que fuera trasladada a un hospital, donde había sido remitida por insuficiencia respiratoria y sepsis.
Protegidos detrás de grandes bloques de cemento o metal, decenas de manifestantes arrojaron piedras a la Policía, mientras otros dispararon con armas improvisadas.
Del otro lado, las fuerzas de seguridad dispararon contra los activistas, según denunciaron los manifestantes.
Un hombre herido en un centro médico aseguró a Reuters que tomó su cámara para grabar los enfrentamientos en las calles cuando un oficial de policía le disparó en el pie.
Otras imágenes difundidas por la televisión local mostraron a personas administrando reanimación cardiopulmonar a un hombre que yacía inmóvil en el suelo con un suéter manchado de sangre y una sala de espera de un hospital atiborrado de heridos de gravedad.
«Quiero hacer un llamado al Gobierno central: ¿cómo podemos tener tantos muertos?», indicó Jorge Sotomayor Perales, jefe del departamento de cuidados intensivos de un hospital en Juliaca.
El Gobierno acusa a los manifestantes de “ataque al estado de derecho”
Las autoridades acusan a los manifestantes de atacar la institucionalidad. El recién posesionado como primer ministro Alberto Otárola denunció un “ataque organizado a las instituciones” y un «golpe de Estado», del que responsabilizó a los activistas.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió a la Policía que cumpla con los estándares internacionales en el uso de la fuerza y en la investigación de las muertes, al tiempo que instó a los ciudadanos a abstenerse de atacar propiedades o impedir el movimiento de ambulancias.
La violencia volvió a detonar desde la semana pasada, después de una pausa durante las festividades de fin de año.
El número de víctimas mortales relacionadas con las movilizaciones aumentó a al menos 47. De ellas, 39 perdieron la vida en medio de confrontaciones directas con la Fuerza Pública y otras siete por hechos vinculados al bloqueo de carreteras, según detalla el recuento de la Defensoría del Pueblo.
“Acepta que el pueblo no te quiere”
Quienes protestan exigen elecciones anticipadas, la liberación del depuesto mandatario, la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y cambios en la Constitución.
Desde que Castillo fue destituido pocas horas después de que intentara disolver el Legislativo, los miembros del Congreso han insistido en permanecer en sus cargos desatendiendo los llamados de la población civil a una renovación completa del Gobierno e incluso a las peticiones de Boluarte que pidió a los legisladores realizar comicios en diciembre de 2023.
Pero el pasado 20 de diciembre, los congresistas aprobaron un proyecto de ley con el que fijaron elecciones generales para abril de 2024. El calendario original preveía comicios para 2026, año en el que debía terminar el mandato de Pedro Castillo.
«Pedimos que la señora Dina renuncie porque es una asesina, mucha gente está muriendo por tu culpa, la verdad. Acepta que el pueblo no te quiere», afirmó un manifestante.
Sin embargo, Boluarte, que fungía como vicepresidenta y reemplazó a Castillo en sus funciones, ha señalado en diversas ocasiones que su dimisión no resuelve la crisis y que cumplió con presentar la propuesta al Legislativo sobre el adelanto de elecciones para el presente año, un llamado que por el momento queda descartado.
Hasta ahora, abril de 2024 es la fecha más cercana que el Congreso se muestra dispuesto a nuevas votaciones. Si bien esa iniciativa fue aprobada por 91 de los 130 legisladores, el plan debe ser ratificado por otra mayoría de dos tercios en la próxima sesión legislativa anual, cuyo inicio está previsto para el próximo 1 de marzo.
Mientras el Congreso evita su renovación inmediata, en las calles la presión aumenta así como el número de personas que pierden la vida.
Por lo pronto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que visitará varias ciudades del país para evaluar la situación, entre el miércoles 11 de enero y el viernes 13.
