El presidente del consejo directivo de la Federación Nacional de Departamentos y gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, recibió con optimismo el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre cese bilateral al fuego con el ELN (en suspenso), la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada, pero pidió que se suspenda también el creciente delito de la extorsión.
“El cese al fuego es producto de la política de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro y nos causa alegría y esperanza en el 2023, pero nos surgen dos preguntas: 1) ¿qué papel jugaremos los gobiernos locales? 2) ¿Incluye parar la extorsión que es el gran flagelo contra mucha gente?”.
Y es que según el gobernador Espinosa, los datos sobre aumento de casos de extorsión son preocupantes. “Un estudio muy serio del centro de pensamiento Futuros Urbanos muestra que este delito aumentó en seis de las diez principales del país durante los últimos cinco años. Villavicencio, Cali, Barranquilla, Medellín e Ibagué registraron los mayores incrementos en 2022”.
Pero, según Espinosa, también es muy grave que el delito de la extorsión de haya extendido a otras capitales, ciudades intermedias y municipios que cada vez son más afectados por este flagelo. Además, sostuvo, las estadísticas sobre denuncias pueden estar mostrando tendencias muy distintas a la realidad, “pues muchísimas personas se abstienen de denunciar, por temor a luego ser víctimas de acciones criminales contra su integridad y la de sus familias”.
Además, una reciente intervención reportada por la Policía Nacional en 18 cárceles colombianas mostró cómo en ocho de ellas se maneja el 94% del delito de la extorsión. “La misma institución confirma que las llamadas desde las cárceles son el 32 % de los casos de extorsión denunciados”.
Por ello, el presidente de la FND plantea que “teniendo en cuenta que el delito de extorsión es generado también por actores de los distintos grupos con los que el gobierno del presidente Petro ha anunciado el cese al fuego bilateral, tanto por personas que gozan de la libertad como por aquellos que están en las cárceles, es necesaria también la desactivación de ese flagelo que causa un daño muy serio a las familias y a las economías regionales”.
Espinosa asegura que la situación actual del país, las nuevas dinámicas de la acción criminal y de los actores en búsqueda de entorpecer la efectividad de acciones de Policía y de las Fuerzas Militares, generan nuevos riesgos en diferentes zonas del país. “Por ello es necesario hacer una reorganización estratégica con enfoque territorial para fortalecer las capacidades en todas las regiones colombianas”.
